El Consejo de la Judicatura actualizó el diagnóstico sobre la falta de jueces en Ecuador. La Resolución 129-2026, aprobada el 14 de julio de 2026, señala que la Función Judicial cuenta con 437 dependencias judiciales y 1.765 juezas y jueces activos en distintas materias e instancias. Sin embargo, el informe técnico incorporado a la resolución advierte que el 54% de las dependencias judiciales clasificadas en estado crítico o de alerta ya superó su capacidad máxima de despacho de carga procesal.
En términos concretos, el plan de emergencia identifica una necesidad institucional de cubrir 653 cargos de jueces: 487 jueces de primer nivel y 166 jueces de segunda instancia e instancia única. Esa es la cifra que el Consejo de la Judicatura utiliza como base para justificar la declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente.
El documento también contiene una medición más amplia por materia e instancia que registra 729 jueces faltantes: 531 en unidades judiciales, 83 en salas de cortes provinciales, 64 en tribunales penales y 51 en tribunales distritales. No obstante, el plan operativo prioriza la cobertura de los 653 cargos antes citados.
¿Qué dice la nómina salarial del Consejo de la Judicatura?
La nómina de junio de 2026 del Consejo de la Judicatura, analizada previamente para esta nota, registra 1.812 cargos identificados como jueces, juezas o conjueces. Esa cifra incluye jueces de primer nivel, jueces de Corte Provincial, jueces de Tribunal de Garantías Penales, jueces de la Corte Nacional, conjueces de la Corte Nacional y un registro identificado únicamente como "juez".
La diferencia entre los 1.765 jueces activos señalados en la Resolución 129-2026 y los 1.812 cargos jurisdiccionales identificados en la nómina se explica porque las bases no miden exactamente lo mismo: el informe oficial habla de jueces activos para el diagnóstico del servicio, mientras que la nómina salarial incluye denominaciones de cargos y también registra conjueces.
En la nómina, la mayor cantidad corresponde a jueces de juzgado de primer nivel, con 1.293 registros. Luego constan 328 jueces de Corte Provincial, 162 jueces de Tribunal de Garantías Penales, 13 jueces de la Corte Nacional de Justicia y 15 conjueces de la Corte Nacional.
Salarios de los cargos judiciales
Los salarios registrados para estos cargos se ubican entre USD 4.164 y USD 5.634 mensuales, según el tipo de puesto y escala.
Los jueces de juzgado de primer nivel tienen como valor más frecuente USD 4.164 mensuales. Los jueces de Corte Provincial registran USD 5.011. En los Tribunales de Garantías Penales aparecen remuneraciones que van principalmente entre USD 4.406 y USD 4.709, aunque existen registros superiores según escala.
En la Corte Nacional de Justicia, los jueces constan con USD 5.634 mensuales, mientras que los conjueces de la Corte Nacional registran USD 5.566. Estos valores sirven como referencia de lo que ganarían los nuevos jueces o conjueces temporales que lleguen a la institución, siempre que sean designados en cargos equivalentes a los que ya constan en la nómina.
Impacto presupuestario
El documento oficial también muestra que actualmente existen 222 partidas vacantes de jueces de unidad. Si esas partidas se cubren desde agosto, el costo estimado sería de USD 5,86 millones. Si se cubren desde septiembre, el costo bajaría a USD 4,69 millones.
La provincia con más vacantes presupuestadas para jueces de primer nivel es Guayas, con 58. Le siguen Pichincha, con 27, y Manabí, con 24. En Manabí, además, el reporte de dimensionamiento registra una brecha de 50 jueces de primer nivel. El informe también advierte que la incorporación de jueces requiere personal de apoyo. Para secretarios, ayudantes judiciales y citadores se calcula un impacto presupuestario anual de USD 24,15 millones.
Qué pasará con las vacantes
La Resolución 129-2026 dispone ejecutar un plan para cubrir la necesidad de jueces a nivel nacional. También aprueba procedimientos para seleccionar conjueces temporales de la Corte Nacional y jueces temporales en Tribunales de Garantías Penales y Cortes Provinciales. Además, ordena elaborar una metodología para la selección de jueces temporales de unidades judiciales, así como de jueces de lo Contencioso Administrativo y Tributario.
El documento reconoce que existe un riesgo alto de insuficiencia presupuestaria para financiar las designaciones temporales. Por eso, la Judicatura deberá coordinar con las áreas de Talento Humano, Planificación y Financiera, además de gestionar recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
Servicio para los usuarios
Para la ciudadanía, el déficit de jueces puede traducirse en audiencias diferidas, demoras en sentencias, retrasos en trámites y mayor carga procesal para los despachos judiciales.
El Consejo de la Judicatura sostiene que la medida busca evitar la paralización o afectación del servicio de justicia. Sin embargo, el reto no será solo nombrar jueces temporales, sino asegurar presupuesto, personal de apoyo, metodología de selección y concursos definitivos.
En la práctica, el país enfrenta dos desafíos al mismo tiempo: reducir el déficit de jueces para mejorar la atención judicial y cubrir el costo fiscal que implica incorporar nuevos funcionarios con remuneraciones superiores a los USD 4.000 mensuales.
