La jueza Karol Gissela Zambrano Macías dictó prisión preventiva contra 12 de 13 detenidos por el ataque al Comando de Policía de Otavalo, ocurrido el 22 de septiembre de 2025, durante el paro nacional convocado por la Conaie en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Audiencia por terrorismo en Quito
La decisión judicial se dio en la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Corrupción y Crimen Organizado de Quito. Y se tomó la decisión tras la audiencia de calificación de flagrancia realizada a las 23:41 del 23 de septiembre.
Los 13 procesados enfrentan cargos por terrorismo, delito que contempla penas de entre 19 y 22 años de cárcel. La Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal Galiano Balcázar, sostuvo que los detenidos atacaron con bombas molotov y artefactos caseros las instalaciones policiales.
El informe policial presentado en audiencia detalló que los manifestantes destruyeron el portón de ingreso, incendiaron más de diez vehículos y sustrajeron un cargador de arma y un chaleco antibalas.
Vinculación al Tren de Aragua no consta en Fiscalía
El ministro del Interior, John Reimberg, declaró tras las detenciones que dos de los acusados, identificados como Berny Jonathan A. A. y William Andrés R. L., serían miembros del Tren de Aragua, de nacionalidad venezolana e ingresados ilegalmente al país.
No obstante, en la audiencia judicial ni la Fiscalía ni el parte policial hicieron referencia a esta presunta vinculación con la organización criminal internacional. La defensa cuestionó la falta de pruebas que respalden esta versión, aunque la jueza Zambrano señaló que el tema no sería considerado dentro del proceso.
Los acusados permanecerán bajo custodia del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) en los centros penitenciarios designados.
Medidas alternativas y liberación de una detenida
De los 13 procesados, solo una mujer, identificada como Gina Betel C. T., recibió medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, previstas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La magistrada ordenó su inmediata libertad bajo estas disposiciones, mientras los demás implicados fueron trasladados a los centros de privación de libertad tras emitirse las respectivas boletas constitucionales de encarcelamiento.
Reacciones de la Conaie
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó la criminalización de los manifestantes. A través de comunicados en redes sociales, exigió al presidente Daniel Noboa que evite polarizar al país y no relacione a los movilizados con mafias criminales.
La organización afirmó que entre los detenidos hay campesinos, jóvenes, mujeres y dirigentes sociales que ejercían el derecho a la resistencia. También señaló que el Gobierno busca debilitar las demandas ciudadanas frente a la crisis económica y social.
Durante el paro nacional de septiembre de 2025, los cierres viales se concentraron en la zona norte del país, con disturbios que derivaron en el ataque al cuartel policial de Otavalo.
Contexto del proceso judicial
La acusación de terrorismo contra los detenidos se enmarca en el ataque con bombas molotov y bazucas artesanales, según los reportes de la Policía. Además, se investigan los daños materiales ocasionados a instalaciones y vehículos oficiales.
El caso permanecerá en etapa de instrucción fiscal, en la que se reunirán pruebas y testimonios para determinar responsabilidades. Mientras tanto, los 12 procesados permanecerán privados de libertad hasta nueva resolución judicial. (30)
