En el marco de la instrucción fiscal por presunta delincuencia organizada en el ‘Caso Goleada’ contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y David y otros implicados, el expediente judicial revela detalles comprometedores sobre la operación de la estructura en la provincia de Manabí.
Uno de los pilares de la acusación, identificado como el Evento 3 dentro del expediente del caso, detalla el pago de sobornos a funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) en Manta para encubrir el tráfico ilícito de combustible.
Los hechos se remontan al 19 de octubre de 2022. Según la versión de José Ricardo Cevallos Avellán, exgerente financiero del grupo y testigo clave que entregó los dispositivos electrónicos periciados, Aquiles Alvarez informó a su círculo cercano sobre una emergencia en Manta.
Así habría surgido el pago de sobornos en Manta
La alerta fue emitida originalmente por su tío, Pedro Juan Hidalgo Elinan (alias ‘El Capitán’), quien advirtió que un autotanque (tanquero) de la organización había sido detectado por las autoridades aduaneras.
De acuerdo con la acusación fiscal, la detención del vehículo no resultó producto de una investigación previa, sino de "un error logístico de la propia red criminal". Textualmente, la pieza acusatoria señala que: "este evento se dio por mera casualidad, por cuanto un autotanque que trasladaba combustible ‘dio papaya’ (cometió un error) con una Guía de Remisión".
Este descuido, según el relato del fiscal del caso (basado en las pericias), puso en riesgo la operación, obligando a Alvarez a trasladarse de urgencia al puerto manabita para supuestamente negociar una salida que evitara procesos penales.
Aquiles Alvarez viajó a Manta, según expediente
La solución adoptada por la presunta cúpula criminal fue la compra del silencio de los agentes estatales. La Fiscalía sostiene que Aquiles Alvarez, identificado en los chats como ‘El Jefe’, autorizó el desembolso inmediato de 18.000 dólares.
Esta cifra no representaba un pago único, sino el inicio de una relación contractual corrupta. Según consta en el expediente, Alvarez dispuso que se entregara el dinero a Hidalgo. "Para ‘estos delincuentes’, que corresponderán: $12,000 por la guía que cogieron y $6,000 por el primer mes", señala el expediente.
La investigación determinó que la organización pactó una renta mensual para mantener la impunidad en la zona y conseguir el silencio de los funcionarios de Aduana. El testigo Cevallos reveló que el funcionario aduanero implicado "estará un año en Manta y que quiere que le reconozcan mensualmente por su silencio".
A partir de ese momento, Juan Hidalgo se convirtió en el intermediario oficial, encargado de coordinar dónde debían transferirse los $6.000 dólares mensuales.
Evidencias de depósitos
La evidencia digital resultó extraída de una pericia a dispositivos entregados por el testigo clave donde se accede a chats de WhatsApp, específicamente del grupo "GRUPO ALVA3". Esto permitió a los analistas de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) rastrear el cumplimiento de estos pagos.
Un hito importante ocurrió el 31 de julio de 2023, cuando Hidalgo contactó a Cevallos para reclamar la cuota pendiente. La Fiscalía identificó dos transferencias bancarias realizadas ese mismo día hacia la cuenta del tercero, Michael Stalin Maldonado Carranza, por montos de 5.000 y 1.000 dólares, bajo los conceptos "SNA" y "Julio SNA".
Estos elementos de convicción fueron determinantes para que el juez de la causa dictara prisión preventiva contra Aquiles Alvarez y los miembros jerárquicos de la estructura. El magistrado consideró que existe un riesgo procesal elevado, ya que la estructura ha demostrado tener la capacidad de "coimar a la jefa de despacho" y manipular a funcionarios públicos para asegurar que sus actividades ilícitas pasen "desapercibidos en los controles de carretera".
