La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional concluyó a las 20h00 de este lunes 20 de julio la sesión de sustanciación del enjuiciamiento político contra Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía. La reunión tenía como objetivo recibir las pruebas testimoniales de varios exfuncionarios y un periodista.
De acuerdo con el medio Ecuavisa, solo acudió a la cita el periodista Álvaro Martín, quien investigó las denuncias relacionadas con los contratos de Progen y ATM. Los demás citados —Roberto Luque, exministro de Energía y Minas encargado; Antonio Gonçalves, exministro de Energía y Minas; y Fabián Calero, exgerente de CELEC y exviceministro— no asistieron.
Debate en la Comisión de Fiscalización
La sesión inició con un intenso debate entre los interpelantes y los abogados de Inés Manzano. Los legisladores expusieron dudas sobre el proceso de contratación y la responsabilidad de la exministra ante las alertas que existieron para terminar el contrato con ATM.
Álvaro Martín expuso los detalles de su investigación periodística sobre los contratos. Por su parte, Roberto Luque envió una carta manifestando su disposición a proporcionar información, aunque indicó que la prioridad la tiene la Fiscalía.
Los comisionados dispondrán de cinco días para elaborar el informe correspondiente. En este documento se definirá si el juicio político pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. En caso de no existir acuerdo en la votación dentro de la comisión, se presentará un informe de posturas que igualmente será remitido al Pleno. Allí se resolverá si se aplica o no la censura a la exministra Inés Manzano.
Contexto del enjuiciamiento político
El proceso de enjuiciamiento político contra Inés Manzano se sustenta en supuestas irregularidades en contratos suscritos durante su gestión al frente del Ministerio de Ambiente y Energía. La exfuncionaria enfrenta cuestionamientos principalmente por la contratación con las empresas Progen y ATM.
La sesión de este lunes forma parte de la fase de sustanciación del juicio político. Una vez que el informe llegue al Pleno, los asambleístas deberán definir el futuro del proceso, que podría derivar en censura y destitución si se alcanza la votación requerida.
