La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional inició una fiscalización sobre los patrimonios de alcaldes, prefectos y otras autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El 9 de julio, su presidenta, Lucía Pozo, anunció pedidos de información a entidades estatales y la apertura de un correo para recibir reportes ciudadanos.

La mesa legislativa busca revisar casos de autoridades locales que registran aumentos patrimoniales durante su gestión y que no habrían explicado el origen de esos recursos. La comisión pidió datos a la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio del Trabajo.

La Asamblea Nacional mantiene a Lucía Pozo, legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), como presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos. La instancia trata asuntos vinculados con municipios, prefecturas y otras entidades territoriales.

Cruce de datos sobre ingresos y patrimonio

Pozo explicó que la comisión busca cruzar la información que entreguen las entidades. El objetivo es identificar qué ingresos responden al cargo público y cuáles provienen de actividades privadas, empresariales o profesionales de las autoridades investigadas.

La fiscalización sobre patrimonios de alcaldes y prefectos surgió luego de publicaciones periodísticas que reportaron saltos patrimoniales en, al menos, un tercio de esas autoridades durante sus períodos de gestión. La comisión no presentó aún un listado oficial de funcionarios bajo revisión.

La legisladora afirmó que algunos casos ya constan en procesos penales. "Algunos incluso ya están enfrentando prisión preventiva, enfrentando procesos de instrucción fiscal por presunta vinculación a actividades económicas ilícitas, sin poder justificar el origen de su patrimonio", señaló Pozo.

El caso mencionado durante el anuncio fue el del alcalde de Machala, Darío Macas, detenido el 6 de julio junto con personas de su entorno familiar y laboral. Según la información expuesta, la UAFE detectó un incremento patrimonial ligado a empresas familiares.

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que la entidad halló "un incremento" patrimonial del alcalde "a través de empresas familiares, muchas de ellas fantasmas". Además, se informó sobre un aumento del 74% en los ingresos del investigado desde 2020, tras el inicio de su administración municipal.

Correo para alertas ciudadanas

La Comisión de Gobiernos Autónomos habilitó el correo electrónico [email protected] para recibir información de ciudadanos que detecten bienes o movimientos económicos que no coincidan con los ingresos declarados por alcaldes o prefectos.

Los ciudadanos podrán enviar alertas sobre casos que consideren relevantes. La Asamblea no detalló, durante el anuncio, un formato obligatorio para presentar los reportes ni plazos para responder cada comunicación. La información recibida servirá como insumo para la fiscalización legislativa. Sin embargo, la comisión deberá contrastar los datos con los informes de la Contraloría, UAFE, SRI y Ministerio del Trabajo antes de emitir conclusiones.

La bancada de ADN también anunció que solicitará balances e información de ingresos de alcaldes y prefectos. Con esos documentos, los legisladores buscan comparar declaraciones patrimoniales, registros tributarios y actividades económicas reportadas por las autoridades locales.

Debate político antes de las seccionales

La Revolución Ciudadana cuestionó el alcance de las investigaciones. Sus representantes sostienen que la fiscalización podría concentrarse en autoridades de oposición, en medio del calendario hacia las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

Pozo respondió que la revisión no tendrá sesgos políticos. La presidenta de la comisión afirmó que el proceso incluirá información de varias instituciones y que la verificación dependerá de documentos oficiales.

La fiscalización a alcaldes y prefectos se suma a las funciones de control político de la Asamblea. La comisión deberá definir los siguientes pasos luego de recibir las respuestas institucionales y las alertas enviadas por la ciudadanía.