El presupuesto general del Estado para el año fiscal 2025, que opera bajo un esquema prorrogado del 2024, asciende a 36,063 millones de dólares, según el «Informe Técnico del Presupuesto Prorrogado 2025» publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este monto, ajustado para reflejar las necesidades actuales, busca atender las prioridades del país en un contexto de incertidumbre política por la segunda vuelta electoral del 13 de abril, una crisis económica persistente y un déficit fiscal proyectado de 4,800 millones de dólares.
Detalles del presupuesto prorrogado 2025
El informe del MEF indica que los ingresos totales estimados para 2025 alcanzan los 31,263 millones de dólares, mientras que los gastos se proyectan en 36,063 millones de dólares (MEF, 2025). Esta diferencia genera un déficit fiscal de 4,800 millones de dólares, que será cubierto mediante endeudamiento externo e interno, conforme al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
A continuación, se desglosan las principales asignaciones del presupuesto prorrogado:
1. Seguridad y orden público
Se destinan 2,500 millones de dólares para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público, según el informe técnico (MEF, 2025). Este rubro incluye el financiamiento del «Plan Legado de Honor», que otorga bonos a policías y militares, y la adquisición de equipos para combatir el crimen organizado. La asignación responde a la necesidad de mantener la estabilidad en medio del conflicto armado interno declarado en 2024.
2. Programas sociales y bonos
Un total de 5,000 millones de dólares se invertirán en programas sociales, de acuerdo con el MEF (2025). Entre ellos, destacan los bonos anunciados por el presidente Daniel Noboa, como «Jóvenes en Acción«, «Ecuatorianos en Acción» y los bonos para productores agrícolas, que suman más de 560 millones de dólares y benefician a 450,000 personas. Estos programas buscan mitigar el impacto de la crisis económica en sectores vulnerables.
3. Educación y salud
El sector educativo contará con 4,200 millones de dólares, enfocados en mejorar la infraestructura escolar y garantizar el acceso en zonas rurales, mientras que la salud recibirá 3,800 millones de dólares, priorizando la atención primaria y el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos (MEF, 2025). Sin embargo, analistas advierten que estas cifras podrían no ser suficientes para cubrir las crecientes demandas de ambos sectores.
4. Infraestructura y reactivación económica
Se asignan 3,000 millones de dólares a proyectos de infraestructura, como la rehabilitación de vías afectadas por el invierno y obras hidráulicas, y 1,500 millones de dólares a incentivos para la reactivación económica, incluyendo créditos para pequeños y medianos productores (MEF, 2025). Estas medidas buscan impulsar el consumo y la generación de empleo.
El Gobierno ha otorgado varios bonos
En un esfuerzo por mitigar los efectos de las emergencias climáticas y de seguridad, el presidente Daniel Noboa anunció recientemente la entrega de bonos por más de 560 millones de dólares para 2025, según un informe publicado por El Diario el 27 de marzo de 2025. Estos bonos, que forman parte de los 5,000 millones de dólares destinados a programas sociales en el presupuesto prorrogado, incluyen iniciativas como el «Programa Incentivo Emprende», que otorga un bono único de 1,000 dólares a 100,000 emprendedores afectados por las lluvias, y el programa «Jóvenes en Acción», que entrega 400 dólares mensuales a 80,000 jóvenes de 18 a 29 años. Además, se asignaron 600 dólares a 30,000 agricultores damnificados y 507,60 dólares a 100,000 policías y militares por su labor en el conflicto armado interno.
Estos bonos, que benefician a un total de 450 mil personas, representan un esfuerzo significativo del Gobierno para reactivar la economía y apoyar a los sectores más vulnerables. Sin embargo, esta inversión también ejerce presión sobre el presupuesto prorrogado, ya que los 560 millones de dólares forman parte de los recursos ya asignados dentro de los 5,000 millones de dólares para programas sociales, lo que limita el margen para otras necesidades. Además, el financiamiento de estas medidas, gestionado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Finanzas, proviene del presupuesto estatal, lo que podría incrementar la dependencia del endeudamiento para cubrir el déficit fiscal de 4,800 millones de dólares.
Déficit fiscal
El presupuesto prorrogado de 36 mil 63 millones de dólares se gestiona en un año electoral clave, donde el nuevo presidente, que asumirá el 24 de mayo, podrá reformular las prioridades a partir de agosto. El informe del MEF señala que factores como la disminución de las tasas de interés internacionales y la crisis de seguridad impactan la ejecución del presupuesto (MEF, 2025). Además, la incertidumbre política podría afectar las decisiones de inversión y consumo a largo plazo.
El déficit fiscal de 4,800 millones de dólares ha generado críticas. Expertos señalan que el endeudamiento para cubrir esta brecha podría agravar la deuda pública, que ya supera el 60% del PIB (MEF, 2025). Asimismo, la caída proyectada en el precio del petróleo, una de las principales fuentes de ingresos, representa un desafío adicional. El Gobierno de Noboa busca aumentar la producción petrolera en 105,000 barriles diarios. Sin embargo, la falta de inversión en el sector petrolero en años recientes complica este objetivo, según el informe (MEF, 2025).
Críticas y preocupación
Organizaciones sociales han expresado preocupación por la falta de incrementos salariales para el sector público, un tema sensible en un contexto de inflación del 3.5% y un desempleo del 6%. Además, el presupuesto asignado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha sido cuestionado. El IESS solicitó 4,469 millones de dólares, pero solo se le asignaron 2,560 millones de dólares, lo que podría obligar a la entidad a desinvertir 2,406 millones de dólares de sus ahorros para cubrir sus gastos, comprometiendo su sostenibilidad (MEF, 2025).
Por otro lado, el presupuesto refleja un esfuerzo por priorizar la seguridad y los programas sociales, pero la dependencia del endeudamiento para financiar el déficit genera incertidumbre. Juan Javier Jarrín, director de Investigaciones de Inteligencia Empresarial, advierte que una posible crisis eléctrica en 2025 podría aumentar la presión sobre los recursos, especialmente porque sectores como salud y educación demandan más fondos por mandato constitucional.
El presupuesto prorrogado de 36 mil 063 millones de dólares para 2025 representa un reto para el país en un año electoral y de crisis económica. Aunque se priorizan la seguridad, los programas sociales y la infraestructura, el déficit fiscal y la dependencia del endeudamiento plantean riesgos para la estabilidad financiera. La reciente emisión de bonos por 560 millones de dólares, si bien busca atender necesidades urgentes, pone de manifiesto las tensiones dentro del presupuesto, limitando el margen para otras prioridades. La ciudadanía espera que el próximo gobierno gestione estos recursos de manera eficiente para enfrentar las necesidades del país.
