Un juez penal dictó este lunes un auto de llamamiento a juicio contra 13 personas procesadas por presunta delincuencia organizada en el marco del “Caso Jaguar”. Entre los acusados se encuentran 10 policías, tanto en servicio activo como pasivo, señalados por supuestamente facilitar información sobre operativos antinarcóticos a cambio de sobornos. La decisión marca un avance significativo en una investigación que lleva más de un año en el sistema judicial ecuatoriano.

El caso, que ha captado la atención pública, vincula a los procesados con una red de narcotráfico liderada por Wilder Sánchez Farfán, conocido como “El Gato Farfán”, considerado por Estados Unidos como un importante líder del tráfico de drogas con nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía sostiene que los implicados habrían recibido pagos de entre 6.000 y 150.000 dólares para filtrar datos sensibles sobre investigaciones en curso, comprometiendo operativos clave contra el narcotráfico.

Conexión con el narcotráfico internacional 

La investigación del Caso Jaguar revela una red de corrupción que involucra a uniformados de la Policía Nacional. Según la Fiscalía, los procesados, principalmente miembros de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), habrían proporcionado información estratégica sobre decomisos de droga y movimientos policiales. Esta unidad, encargada de operaciones antidrogas, era un blanco clave para los delincuentes, quienes buscaban neutralizar las acciones del Estado.

Wilder Sánchez Farfán, alias “El Gato Farfán”, es señalado como el cerebro detrás de una operación que enviaba toneladas de cocaína desde Ecuador hacia México. Su influencia en el país y sus conexiones internacionales han sido objeto de seguimiento por parte de autoridades ecuatorianas y estadounidenses. La Fiscalía indica que los procesados intentaron reclutar a más agentes para ampliar la red de filtraciones, lo que agravó el impacto de sus acciones en la seguridad nacional.

Desarrollo del proceso judicial 

El Caso Jaguar ha avanzado tras más de un año de investigaciones, en las que se recopilaron pruebas como interceptaciones telefónicas, testimonios y registros financieros. La decisión del juez de llamar a juicio a los 13 procesados se basa en evidencia que apunta a un esquema organizado para debilitar los esfuerzos del Estado contra el narcotráfico. Entre los cargos presentados se incluye el de delincuencia organizada, un delito que podría acarrear penas significativas.

Además, las autoridades han destacado la gravedad de la participación de policías en esta red. La ULCO, una unidad especializada, juega un rol crucial en la lucha contra el crimen organizado. La presunta traición de sus miembros ha generado cuestionamientos sobre los controles internos en la Policía Nacional. Este caso se suma a otros escándalos recientes que han puesto en duda la integridad de ciertos sectores de las fuerzas del orden.

Lucha antinarcóticos en Ecuador

Ecuador enfrenta un aumento en las actividades de narcotráfico, siendo un punto estratégico para el envío de drogas hacia mercados internacionales. La ubicación geográfica del país, con puertos clave como Guayaquil, lo convierte en un corredor para el tráfico de cocaína.  Las autoridades han intensificado los esfuerzos para desmantelar estas estructuras, pero la implicación de agentes del orden complica el panorama. La cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, ha sido clave para identificar a figuras como “El Gato Farfán”. Mientras el juicio se prepara, el Caso Jaguar pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia en las fuerzas de seguridad.

El proceso judicial continuará en las próximas semanas, con la expectativa de que el juicio revele más detalles sobre la magnitud de esta red de corrupción y sus impactos en la seguridad del país.

Antecedentes del Caso Jaguar

El Caso Jaguar inició en 2024 tras denuncias sobre filtraciones de información en operativos antidrogas. Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía, identificaron a Wilder Sánchez Farfán como un actor clave en el narcotráfico, con vínculos a policías que facilitaban sus operaciones. Desde entonces, el caso ha expuesto vulnerabilidades en la Policía Nacional. Además, ha generado un debate sobre la necesidad de reformas institucionales para prevenir la corrupción.