La justicia ecuatoriana otorgó medidas cautelares parciales a la nacionalidad Waorani, que alega un mal manejo de la crisis sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 por parte de las autoridades gubernamentales, poniendo en riesgo la vida de la comunidad.
La nacionalidad informó este jueves de que la resolución judicial llegó 27 días después de haber interpuesto la petición de medidas por el avance de la COVID-19 en su territorio, extendido en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana.
"Hoy día, la justicia ecuatoriana nos da la razón en nuestra petición de medidas cautelares frente al grave incumplimiento y la ausencia del Estado ecuatoriano durante la pandemia", dijo Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waoraní.
Añadió que los Waorani, así como los integrantes de los pueblos Tagaeri y Taromenane, en aislamiento, "se enfrentan a graves riesgos por la expansión del virus en la Amazonía, y lastimosamente, la respuesta del Gobierno no se ha basado en una buena coordinación con nuestra dirigencia Waorani".
El fallo dictamina que en ocho días el Ministerio de Salud Pública deberá determinar casos sospechosos de COVID-19 y diagnosticar la presencia del virus en las comunidades woaranis.
Además, proporcionará a los centros y subcentros de Salud de personal médico, equipos médicos e insumos suficientes para atender la emergencia sanitaria.
Los gobernadores de Napo, Pastaza y Orellana, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y las autoridades waoranis, deberán entregar provisiones suficientes y propias de la comunidad en un plazo de ocho días.
De igual forma, la Secretaría de Derechos Humanos junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua están obligados a presentar acciones de vigilancia y control realizadas al personal que trabaja en empresas cercanas al territorio, en especial las petroleras nacionales y extranjeras.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe presentar un informe de las acciones de vigilancia realizadas durante la emergencia sanitaria, con respecto a las actividades de minería ilegal, madereros ilegales, entre otros.
La Defensoría del Pueblo deberá dar seguimiento al cumplimiento de estas medidas cautelares.
El pasado 21 de mayo, los indígenas alertaron al Estado del riesgo que enfrentan debido a su sistema inmunológico "más frágil ante enfermedades nuevas", y las medidas cautelares solicitadas también implicaban pedidos de protección para prevenir la entrada de terceros al territorio intangible de los Tagaeri y Taromenani.
La sentencia no dio paso a la moratoria o suspensión de las actividades extractivas (petroleras y madereras).
Este jueves, tras reclamar más apoyo del Gobierno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) aseveró en una rueda de prensa que, por cuenta propia, han entregado insumos y alimentos a las comunidades. EFE
