Grupos de indígenas amazónicos de Ecuador entregaron este martes a la Corte Constitucional más de 365.000 firmas de respaldo, para que se les garantice el derecho a una consulta previa a las comunidades sobre los planes de actividades extractivas (minería y petróleo) en sus territorios en la Amazonía.
Un nutrido grupo de indígenas amazónicos acudieron a la sede de la Corte Constitucional, en Quito, para entregar las 365.515 firmas de respaldo recogidas en todo el mundo y con las que quieren que ese máximo organismo de control de la Carta Magna garantice el derecho a “la consulta previa, libre e informada”.
Representantes de las nacionalidades Cofán y Waorani, entre otras, llegaron a la Corte para mostrar el respaldo internacional a su reclamo de consulta sobre las concesiones mineras y petroleras que el Estado pretenda celebrar en la Amazonía.
Se prevé que la Corte Constitucional se pronuncie en los próximos días sobre la demanda de las nacionalidades amazónicas, que son apoyadas por organizaciones sociales ecuatorianas e internacionales.
“No queremos explotar nuestro bosque, ni mineros, ni maquinaria pesada. Queremos que sea como antes, que el río y bosque estén sin contaminación”, declaró Víctor Quenamá, presidente de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, en los exteriores de la Corte en la capital ecuatoriana.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, emitió en julio pasado un decreto para intentar duplicar la producción petrolera del país, acción calificada de “inconstitucional” por organizaciones sociales, que le acusan de hacerlo sin mediar la obligatoria consulta a las comunidades que podían ser afectadas.
Además, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que acompañó a las bases amazónicas, dijo que esta acción forma parte de una lucha contra el cambio climático que se produce por los excesos “del sistema de explotación capitalista”.
Iza opinó que se debería detener esta “forma de desarrollo criminal” que atenta sobre la forma de vida de los pueblos indígenas que habitan en la selva amazónica.
Según activistas que acompañaron a los representantes indígenas, iniciativas como “Quienes Deben Decidir”, “Wao Resistencia” y “Stand With Sinangoe” recogieron cientos de miles de firmas de apoyo que fueron entregadas a la Corte Constitucional junto a una carta en la que se pide escuchar a los pueblos indígenas y que se “garantice” su derecho a decidir sobre sus territorios.
“Nos sentimos respaldados de todo el mundo por nuestra lucha y resistencia”, aseguró Silvana Nihua, presidenta de una organización Waorani, y dijo confiar en que la Corte Constitucional dará el paso “histórico” en beneficio de las comunidades que habitan en la región amazónica y en el país entero.
El Ejecutivo ecuatoriano ha afirmado que las políticas aprobadas por el Gobierno de Lasso, que buscan intensificar la producción petrolera y minera en el país, tienen como objetivo impulsar la economía y reducir la pobreza que afecta, entre otros grupos sociales, a los indígenas.
Sin embargo, las organizaciones indígenas aseguran que su experiencia, a lo largo de décadas de extracción petrolera en el Amazonía, pone de manifiesto que los beneficios de dichas actividades extractivistas no llegan a las comunidades y que, además, entrañan el alto riesgo de desastres irreparables para la naturaleza y la vida de los pueblos originarios. EFE