La prisión de Santo Domingo, donde el lunes, 9 de mayo del 2022, fueron asesinados 44 presos en una reyerta entre clanes, fue escenario este miércoles de nuevos desórdenes, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Tras la alerta, el servicio penitenciario dio a conocer que lograron evitar el amotinamiento.
“Junto a Policía Nacional y Fuerzas Armadas se realizaron operativos y controles en todos los pabellones con la finalidad de precautelar la integridad de las personas privadas de la libertad; y, prevenir afectaciones en el CPL, evitando así dicho amotinamiento”, informó el SNAI mediante un comunicado.
Alerta de amotinamiento
Una vez emitida la alerta de nuevos incidentes en el centro de rehabilitación social de Bellavista, el SNAI informó que “se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad, con las instituciones a cargo: Policía y Fuerzas Armadas”.
Videos difundidos en redes sociales mostraron a varios presos encaramados en un techo metálico gritando a miembros de las fuerzas de seguridad, además de uniformados militares acordonando el perímetro de la prisión.
Audios atribuidos a presos de mediana seguridad de esa prisión y distribuidos por redes también, dan cuenta de algún tipo de incidente y la alarma causada entre los reos por la presunta llegada al pabellón de integrantes de grupos organizados.
Masacre
Los datos más recientes proporcionados por la Secretaría de Derechos Humanos indican que de los 44 presos fallecidos el lunes y cuyos cuerpos ensangrentados fueron dejados en uno de los patios del centro penitenciario, 42 fueron identificados y una veintena entregados a sus familiares.
La del lunes es la más reciente de una serie de sanguinarios motines que se han cobrado la vida de más de 400 reclusos desde 2020, de ellos 63 solo en este 2022.
El director del SNAI, Pablo Ramírez, cifró en 124 los presos trasladados desde la cárcel de Cuenca, donde el mes pasado ocurrió otro motín que dejó una veintena de presos fallecidos, a la de Santo Domingo, lo que habría motivado nuevas rencillas.
Estos traslados fueron en cumplimiento de habeas corpus otorgados por la Justicia ecuatoriana a petición de los mismos presos, pese a la oposición del SNAI, el organismo encargado de administras y custodiar las cárceles ecuatorianas.
Esto agravó el hacinamiento de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, una prisión con capacidad para 916 reos pero que a finales de abril sobrepasaba los 1.600, lo que supone una sobrepoblación del 76 %, según los datos del SNAI.
De acuerdo con el director del SNAI, actualmente hay 33.000 presos en los 36 centros que tiene Ecuador, cuya capacidad total es para poco más de 30.000.
La crisis carcelaria que atraviesa Ecuador ha llevado a organismos como la ONU, a través de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresar su preocupación y pedir al Gobierno ecuatoriano medidas urgentes para reducir la población carcelaria y asumir el control de las cárceles.
Ecuador está en vías de contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, ha anunciado la concesión de 5.000 indultos y desarrollado la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria. EFE
