La mañana de este lunes 6 de octubre, desde el Palacio de Carondelet, la vocera presidencial Carolina Jaramillo detalló dos acciones implementadas por el Gobierno de Ecuador en frentes estratégicos: la seguridad de la infraestructura petrolera y la expansión de la red de protección social. La funcionaria también abordó temas de alta sensibilidad pública, como la revocación de una licencia minera en Azuay y la reciente deportación de un periodista español, ofreciendo la postura oficial del Ejecutivo.
En el ámbito energético, Jaramillo comunicó que Petroecuador ha duplicado la franja de protección del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Poliducto Shushufindi-Quito, ampliándola de 70 a 140 metros. Esta medida preventiva busca blindar la infraestructura ante la erosión regresiva del río Loco. La obra, ejecutada en coordinación con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y OCP Ecuador, es presentada como fundamental para asegurar la continuidad en el transporte de crudo y combustible, un pilar de las exportaciones del país.
Expansión de la red de protección social
El segundo eje de la comunicación se centró en el ámbito social. La vocera del Gobierno de Ecuador anunció la inclusión de 14.687 adultos mayores a los programas de bonos y pensiones. Esta ampliación, vigente desde el 1 de octubre, se enmarca en un “plan de redistribución de recursos” dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. Se informó que, desde diciembre de 2023, el Ejecutivo ha destinado más de 631 millones de dólares a pensiones para este grupo demográfico.
Actualmente, 112.470 adultos mayores a nivel nacional reciben atención a través de diversas modalidades, con una inversión que supera los 95 millones de dólares. Estas cifras buscan subrayar el compromiso del Gobierno de Ecuador con la consolidación de un “piso de protección social“, según las declaraciones de la funcionaria.
Vocera del Gobierno de Ecuador responde a temas de coyuntura
Tras los anuncios, Jaramillo respondió a preguntas de la prensa. En cuanto a la revocación de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, en Azuay, la vocera indicó que el proceso se fundamentó en informes técnicos presentados por el alcalde de Cuenca y el prefecto de Azuay. Jaramillo les atribuyó una “enorme responsabilidad” en la decisión, afirmando que la medida respondió a una “demanda local” y que se ha cumplido con la normativa.
Respecto a la deportación del periodista español Lautaro Bernat, detenido el 5 de octubre mientras cubría las manifestaciones del paro nacional, la vocera sostuvo que la acción se respalda en un “informe reservado que lo califica como una amenaza a la seguridad nacional”. Jaramillo fue enfática: “Ningún ciudadano puede permanecer en el país cuando representa una amenaza para la seguridad”. Precisó que la medida se ampara en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que permite la expulsión en casos de riesgo para el orden público. Organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por posibles violaciones al debido proceso.
