El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene luz verde para organizar la consulta popular que definirá la instalación de una Asamblea Constituyente en Ecuador. La mañana de este miércoles, 24 de septiembre, el organismo electoral recibió el dictamen favorable de la Corte Constitucional, un paso decisivo que se logró después de que el Presidente Daniel Noboa y su equipo de gobierno trabajaran durante la madrugada para subsanar las observaciones que el máximo órgano de control constitucional había emitido apenas un día antes.
La Corte, en su análisis del martes, había señalado la necesidad de realizar correcciones al estatuto adjunto a la convocatoria para garantizar los principios de claridad y lealtad hacia el elector. En una rápida respuesta, el Ejecutivo ajustó el documento, permitiendo que la Corte validara la constitucionalidad de la propuesta y diera paso al proceso electoral que ahora queda en manos del CNE, protagonista de este crucial momento.
La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, confirmó la recepción del dictamen y detalló que la pregunta que se planteará a los ecuatorianos será la siguiente: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”.
Los ajustes que viabilizaron la consulta
La Corte Constitucional constató que la Presidencia de la República corrigió de manera satisfactoria los considerandos de la convocatoria. Específicamente, se realizaron ajustes en los artículos 4 y 5 del Estatuto, que norman la elección e instalación de los asambleístas, y se incluyó un nuevo artículo, el 19, cumpliendo así con los requisitos exigidos por la Constitución para que el proceso avance con el CNE en el papel central.
Estas modificaciones fueron fundamentales para que la propuesta superara el filtro de control constitucional. La celeridad del Ejecutivo para presentar los cambios fue un factor clave para no dilatar el cronograma que busca llevar a los ecuatorianos a las urnas para decidir sobre una nueva carta magna.
El rol de el CNE y las garantías para el elector
Con el dictamen en sus manos, el CNE asume ahora la responsabilidad de organizar el proceso electoral. Sin embargo, la Corte Constitucional estableció una disposición adicional para asegurar la máxima transparencia. El máximo tribunal ordenó que el CNE incluya en la papeleta de votación no solo la pregunta, sino también el texto completo del Estatuto Constituyente y la tabla de distribución de asambleístas, dejando claro el papel del CNE en la facilitación de un proceso transparente.
Esta medida tiene como objetivo que los votantes conozcan de antemano y de manera íntegra las reglas del juego: cómo se elegirá a los representantes, cuál será la configuración final de la Asamblea Constituyente por provincias y circunscripciones especiales, y cuáles serán los plazos y mecanismos de su funcionamiento. Esta garantía de información permite que el voto se desarrolle de manera informada y consciente. Ahora, el CNE deberá iniciar la planificación logística y técnica para cumplir con esta disposición y llevar a cabo una de las consultas populares más trascendentales de la historia reciente del país, reforzando así su rol en el avance del CNE hacia el objetivo.
