El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este martes 26 de agosto un refuerzo policial en la residencia del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario por presunta participación en una trama golpista tras las elecciones de 2022. La medida, dictada por el juez Alexandre de Moraes, busca garantizar la seguridad y evitar indiscreciones mediáticas antes del juicio programado para el 2 de septiembre. La decisión responde a un dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (PGR), que recomendó incrementar la vigilancia preventiva.
El juez Moraes estableció que la Policía Criminal debe actuar con discreción, sin invadir el domicilio ni perturbar el vecindario. “La vigilancia debe evitar cualquier exposición mediática y adoptar medidas que no alteren la rutina del entorno”, señaló el magistrado, según informó Agencia Brasil. Además, dejó a criterio de las fuerzas policiales el uso de uniformes y armas necesarias para cumplir la orden.
Medidas impuestas para Bolsonaro
La disposición se produce en el marco de las investigaciones contra Bolsonaro por su presunta responsabilidad en una red que buscaba desestabilizar el Estado de derecho tras su derrota electoral en octubre de 2022. El expresidente, junto con otras siete personas, enfrenta cargos por asociación criminal, intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho y daños al patrimonio público durante los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes intentaron tomar instituciones gubernamentales en Brasilia.
Aunque la PGR no mencionó explícitamente un riesgo de fuga, consideró necesario reforzar la vigilancia como medida preventiva antes del inicio del juicio. Este proceso judicial, que comenzará la próxima semana, examinará las acusaciones contra el núcleo central de la supuesta trama golpista. Se presume que habría operado desde Estados Unidos para obstruir las investigaciones en Brasil.
Antecedentes de la investigación
Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ha estado bajo escrutinio desde los eventos del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes suyos irrumpieron en sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto. Las autoridades lo vinculan con la financiación y organización de estas acciones, destinadas a cuestionar los resultados electorales que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Además, el expresidente enfrenta restricciones legales por incumplir medidas cautelares previas, lo que derivó en su arresto domiciliario.
La investigación ha identificado a un grupo de personas cercanas a Bolsonaro como parte de un esfuerzo coordinado para mantenerlo en el poder. Las acusaciones incluyen reuniones y transferencias financieras sospechosas, algunas de ellas realizadas desde el extranjero. La PGR ha recopilado pruebas que serán presentadas en el juicio, aunque los detalles específicos permanecen bajo reserva judicial.
El refuerzo policial busca garantizar que no haya interrupciones en el proceso judicial. Se espera sea uno de los más relevantes en la historia reciente de Brasil. La atención pública está centrada en el caso, dado el peso político de Bolsonaro. Además, debido al impacto de los eventos de 2023 en la democracia brasileña.
