Las cooperativas de transporte público que operan desde la terminal terrestre de Portoviejo han reducido sus frecuencias entre un 30% y 40% como respuesta al reciente incremento del precio del diésel. El dirigente de la Cooperativa Rutas Portovejenses, Luis García, confirmó esta medida. Señaló que el sector busca mitigar las pérdidas económicas generadas por la eliminación del subsidio diésel. La situación es crítica, ya que los transportistas consideran que la compensación ofrecida por el Gobierno es insuficiente. No cubre sus costos operativos, lo que podría llevar a la quiebra a varias empresas.

Impacto en el servicio y la operatividad

El alza del precio del diésel, que pasó de $1,80 a $2,80, ha golpeado la rentabilidad de las cooperativas. Para evitar mayores pérdidas relacionadas con el subsidio diésel, la mayoría ha optado por estirar los tiempos de espera entre cada salida. Luis García explicó: algunas cooperativas que antes tenían frecuencias cada 20 minutos, ahora lo hacen cada 40 minutos o incluso cada hora. Esta decisión, aunque no detiene el servicio por completo para evitar sanciones de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), afecta directamente a los usuarios. Deben esperar más tiempo para movilizarse.

La rentabilidad de las rutas también se ha visto comprometida. Una despachadora de una cooperativa, que prefirió mantener su anonimato, aseguró que algunos dueños de unidades han decidido no cubrir ciertos destinos. “Pasa con unidades de la cooperativa Poza Honda. Prefieren no ir a Manta porque la cantidad de pasajeros que llevan a ese destino no justifica el gasto en diésel al precio que está hoy”, comentó. Esta situación refleja la difícil posición en la que se encuentran los transportistas. Están forzados a elegir entre operar con pérdidas o suspender rutas enteras debido al impacto del subsidio diésel.

Bono de compensación insuficiente

La medida del Gobierno, anunciada por el presidente Daniel Noboa el pasado viernes 12 de septiembre, ofrece una compensación de hasta $1.000 por un periodo inicial de ocho meses, con la posibilidad de extenderse cuatro meses más. Sin embargo, para los transportistas, este monto es insignificante. García afirmó que el consumo promedio mensual de diésel en su cooperativa es de 1.500 a 1.800 galones. En otras, con rutas más largas, consumen hasta 2.500 galones. El incremento de precio representa un gasto adicional de hasta $2.500 mensuales para algunas empresas. Esto hace que la compensación no sea viable a largo plazo.

Otro transportista, Wilmer Zambrano, de la cooperativa 5 de Mayo, refutó que el bono alcance para cubrir los gastos. “No compensa. Porque no sustenta la canasta básica de los insumos que se requiere para mantener operativa una unidad de transporte. Estos incluyen el chofer, el controlador, llantas, aceite, frenos. Sin tomar en cuenta mantenimientos más duros como la reparación del motor o de transmisiones”, sostuvo. Este problema se agrava debido a las complicaciones con los registros para el subsidio diésel. Zambrano relató que muchos transportistas no han podido completar el registro debido a problemas en la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), donde no aparecen como propietarios de sus vehículos.

Movimiento gremial y futuras acciones

La postura del sector transporte es clara: no se está realizando el registro para la compensación. Luis García, socio de la Cooperativa Rutas Portovejenses, confirmó que hay una disposición de los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público (FENACOTIP) para esperar una “segunda orden” y no hacerlo por el momento. García indicó que esperaban los resultados de una asamblea de la FENACOTIP, que se realizó este lunes en Santo Domingo. Esto es para definir los próximos pasos.

La expectativa es que, tras la reunión, el gremio busque un diálogo directo con el Gobierno. Si no se logra un acuerdo que satisfaga sus demandas, los transportistas podrían tomar “otro tipo de medidas”, aunque no especificaron cuáles, relacionadas con el subsidio diésel. Por ahora, el servicio se mantiene, pero con notables reducciones en las frecuencias, lo que evidencia el impacto inmediato del alza en el costo del combustible sobre el sector del transporte público y, consecuentemente, en la movilidad de los ciudadanos de Portoviejo y de la provincia de Manabí.