El 11 de septiembre de 1973, Chile experimentó un quiebre en su historia democrática cuando las fuerzas armadas, lideradas por el general Augusto Pinochet, ejecutaron un golpe de Estado para derrocar al presidente electo Salvador Allende.

El asalto al Palacio de La Moneda en Santiago culminó con el bombardeo del edificio y el suicidio de Allende, marcando el inicio de una dictadura de 17 años que dejó un saldo de miles de víctimas y violaciones a los derechos humanos, en un contexto de alta polarización política y presiones internacionales.

Contexto de una crisis en escalada

El violento golpe de Estado puso fin a una de las democracias más estables de América Latina y a la tradición de no injerencia de las fuerzas militares chilenas en la política. El derrocamiento de Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido democráticamente en la historia, marcó el comienzo de una dictadura que se extendería por casi dos décadas.

Allende había asumido el poder en 1970 con una ambiciosa agenda que incluía la nacionalización del cobre, la redistribución de tierras y el control estatal sobre industrias estratégicas. Sin embargo, su gobierno enfrentó una creciente polarización política y un deterioro económico que desató la protesta de empresarios, políticos conservadores y diversos gremios, quienes presionaron a los militares para que intervinieran.

La conspiración civil y militar para derrocar a Allende, apoyada por financiamiento y operaciones encubiertas de Estados Unidos a través de la CIA para desestabilizar el país, culminó en un golpe sangriento, sin precedentes para la sociedad chilena.

Décadas después, el debate sobre el golpe continúa dividiendo a la sociedad chilena. Mientras la izquierda y la derecha se culpan mutuamente por el colapso democrático, algunos sectores de la derecha justifican el golpe y minimizan las violaciones a los derechos humanos.

La caída del Palacio de La Moneda

La mañana del 11 de septiembre de 1973, Allende se negó a abandonar el Palacio de La Moneda, a pesar de las amenazas de bombardeo de la Fuerza Aérea. Las fuerzas armadas y la policía ya tenían el control del centro de Santiago. La Marina había iniciado el golpe temprano en el puerto de Valparaíso, mientras que la Fuerza Aérea bombardeó estaciones de radio leales al gobierno. Para el mediodía, el Palacio de La Moneda fue bombardeado y el fuego se propagó rápidamente.

Decenas de asesores, médicos, ministros, secretarias, guardaespaldas y las hijas de Allende permanecieron a su lado. Algunos miembros del gabinete salieron para negociar y fueron arrestados. Allende consiguió una breve tregua para permitir la salida de algunas personas. Los guardaespaldas del presidente y el propio Allende intentaron repeler el levantamiento, pero sus esfuerzos fueron inútiles.

Antes de que la última estación de radio leal fuera silenciada, el presidente Allende, un médico y político con 25 años de carrera, pronunció sus últimas palabras en una sombría despedida: “Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.

Posteriormente, cientos de funcionarios, líderes políticos y militantes de izquierda fueron enviados a Isla Dawson, un lugar remoto en el Estrecho de Magallanes, donde fueron sometidos a trabajos forzados y torturas.

Pinochet: de “constitucionalista” a líder de la dictadura

Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas y la policía habían estado conspirando durante meses para derrocar a Allende, pero el general Augusto Pinochet se unió a la conspiración solo dos días antes del golpe. Pinochet había ascendido a comandante en jefe del Ejército semanas antes, sustituyendo al general Carlos Prats, conocido por su apego a la Constitución. Pinochet era considerado un oficial “constitucionalista” y contaba con el apoyo de Allende.

Sin embargo, en septiembre de 1974, bajo las órdenes de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) asesinó a Prats y a su esposa con una bomba colocada bajo su auto en Buenos Aires, Argentina, donde se habían exiliado. A pesar de que la junta militar había acordado rotar el liderazgo, Pinochet se autoproclamó “capitán general” y líder supremo de la nación en 1974.

Durante casi 17 años, Pinochet concentró todo el poder político y militar, siendo el responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia clandestinos. Según informes de comisiones de la verdad, más de 2000 personas murieron bajo tortura, fueron ejecutadas o asesinadas, y casi 1500 fueron desaparecidas. La represión política continuó hasta el final del régimen. En agosto del 2023, el presidente Gabriel Boric autorizó un plan para buscar a las 1469 personas que siguen desaparecidas.

El papel de Estados Unidos en el golpe de Estado

Documentos desclasificados de Estados Unidos revelan que el gobierno de Richard M. Nixon se aseguró de “crear un clima golpista” tan pronto como Allende ganó la presidencia el 4 de septiembre de 1970. Once días después, Nixon se reunió con Richard Helms, director de la CIA, y le ordenó ejecutar operaciones encubiertas para impedir la toma de posesión de Allende.

Las notas de Helms de esa reunión revelan las instrucciones del presidente: “Una posibilidad entre 10, tal vez, pero salvemos a Chile”; “no importan los riesgos involucrados”; “trabajo de tiempo completo: los mejores hombres que tengamos”; “10 millones disponibles, más si es necesario”; “Hacer chillar a la economía”, señala un reportaje del periódico The New York Times.

El plan involucraba una campaña de propaganda, sobornos a congresistas y la instigación de un golpe militar. Al consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, le preocupaba que un marxista llegara al poder por la vía democrática y se convirtiera en un modelo para otros países.

El gobierno de Nixon desplegó una variedad de políticas y operaciones encubiertas para presionar al gobierno chileno: una campaña mediática de propaganda antigubernamental financiada por la CIA, bloqueo de préstamos de instituciones financieras multilaterales, financiación secreta para fomentar huelgas y asegurar a las fuerzas armadas chilenas el pleno apoyo de Estados Unidos.

Fin del gobierno y represión en Chile

Con la capital firmemente bajo control militar, Allende ordenó a quienes quedaban en La Moneda que se rindieran. Él se quedó y se disparó a sí mismo minutos después. Durante décadas, muchos en la izquierda de Chile y América Latina sostuvieron que los militares lo habían asesinado, a pesar de los testimonios de los testigos. Una investigación judicial, que incluyó la exhumación de sus restos en 2011, concluyó que el presidente se quitó la vida.

Con el Congreso cerrado, la Constitución de 1925 fue reemplazada por un conjunto de decretos y leyes aprobadas por la junta militar, incluidas unas 150 leyes secretas. No se permitieron elecciones y la sociedad chilena fue militarizada: oficiales y civiles cercanos a la junta se convirtieron en alcaldes no electos, rectores universitarios y miembros del gabinete.

En 1980, a través de un plebiscito, se aprobó una Constitución autoritaria que le otorgó a Pinochet ocho años más en el poder. Cerca de 200.000 chilenos fueron forzados al exilio. Una de las misiones de la DINA fue infiltrar las comunidades exiliadas y neutralizar a los líderes de la oposición.

El organismo organizó el Plan Cóndor, un programa de coordinación de inteligencia entre países sudamericanos bajo regímenes militares para intercambiar información y prisioneros, y planificar asesinatos de opositores. En 1976, la DINA, en colaboración con el Plan Cóndor, utilizó un coche bomba para asesinar en Washington al exembajador de Chile en Estados Unidos, Orlando Letelier.

Las consecuencias de la dictadura

Decenas de miles de hombres y mujeres fueron arrestados en los primeros meses después del golpe y retenidos en centros masivos de detención, incluido el Estadio Nacional en la capital. La junta militar instó a la población a denunciar a extranjeros “sospechosos”, resultando en la detención de miles de refugiados políticos latinoamericanos.

Según registros oficiales, se establecieron alrededor de 1200 centros clandestinos de detención y tortura en todo Chile, donde más de 40.000 personas fueron torturadas. Las libertades civiles y políticas fueron suspendidas, los partidos políticos y sindicatos fueron ilegalizados y se impuso un estricto toque de queda. Los medios de comunicación de oposición fueron prohibidos o censurados, la disidencia fue castigada y libros considerados “subversivos” fueron destruidos.

Pinochet renunció como comandante en jefe del Ejército en 1998 y fue arrestado en Londres a solicitud de España, donde se le investigaba por el asesinato de ciudadanos españoles en Chile. El Reino Unido permitió su regreso a Chile por razones humanitarias. A su muerte en 2006, a los 91 años, Pinochet estaba siendo investigado por fraude y corrupción. Aunque fue imputado por crímenes contra los derechos humanos, nunca fue condenado. Unos 270 oficiales militares y agentes cumplen condenas por estos delitos.

Entre esos condenados están los siete militares ya retirados por los delitos de secuestro y homicidio del cantautor chileno Víctor Jara, detenido el 12 de septiembre, un día después del golpe de Estado, y asesinado pocos días después, en uno de los crímenes más simbólicos que dejó la dictadura.