Los indígenas waorani negaron este 8 de septiembre de 2025 cualquier vínculo con minería ilegal en el Parque Nacional Yasuní, durante una rueda de prensa en Quito. El presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), Juan Bay, pidió al mandatario Daniel Noboa visitar su territorio para coordinar acciones conjuntas contra el extractivismo irregular.
Minería ilegal en el Yasuní
Bay aseguró que los waorani no realizan minería y que los grupos ilegales utilizan la misma estrategia que empresas legales: sobornar comunidades. Explicó que la situación responde a la falta de presencia estatal en la Amazonía.
Las declaraciones ocurrieron tras conocerse una denuncia presentada por un guardaparque del Ministerio de Ambiente y Minas, en la que se señalaba una supuesta complicidad de indígenas con el ingreso de maquinaria pesada.
El líder indígena pidió que el Gobierno trabaje de manera directa en el territorio, que abarca Pastaza, Napo y Orellana, para garantizar áreas libres de minería, tala ilegal y explotación petrolera.
Denuncias y advertencias de organizaciones
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, afirmó que tanto las actividades legales como ilegales solo dejaron contaminación en la región. Advirtió que, si persiste la vulneración de territorios, se convocará una Asamblea para decidir medidas como un paro nacional.
Por su parte, la dirigente de la Confeniae, María José Andrade, señaló que la verdadera responsabilidad sobre el ingreso de mineros ilegales recae en las redes del crimen organizado. Recordó que, según el Gobierno, la única banda presente en la zona indígena son Los Choneros.
Andrade advirtió que la minería ilegal funciona como una fachada para el lavado de dinero derivado del narcotráfico. Insistió en que no debe culparse a la población waorani.
Cumplimiento de la consulta de 2023
El 20 de agosto de 2023, los ecuatorianos aprobaron en consulta popular el cierre de los pozos petroleros del Bloque 43-ITT, ubicado dentro del Yasuní, con un 58,95 % de votos.
En 2024, Noboa creó un comité para ejecutar el desmantelamiento del bloque y anunció el cierre del primero de los 247 pozos, con un plazo de cinco años para culminar.
Sin embargo, organizaciones indígenas sostienen que el proceso está detenido y que no existe voluntad política real. Bay insistió en que la falta de cumplimiento genera desconfianza hacia las administraciones.
Exigencia al Gobierno
Los líderes indígenas recalcaron que, en caso de detectarse la participación de algún waorani en minería ilegal, será sancionado y expulsado de su comunidad.
Finalmente, Vargas cuestionó la falta de respeto a las decisiones tomadas en la consulta de 2023: “El pueblo ecuatoriano votó para proteger el Yasuní y esa voluntad debe cumplirse”.
