Más de 5.000 servidores públicos serían despedidos en las próximas semanas, según alertó el Frente Popular. Las organizaciones sindicales convocaron una movilización para este jueves a las 16:00 frente al Ministerio del Trabajo, en rechazo al nuevo reglamento que permite despidos por “necesidad institucional” y evaluaciones discrecionales, emitido por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 57.

Protesta ante despidos inminentes

Según David Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), el nuevo reglamento es “inconstitucional, político y machiavélico”. Para él, el texto no responde a una lógica técnica, sino a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Este reglamento nació en el Ministerio de Finanzas. La señora Moya, en aval con la Ministra del Trabajo, lo elaboraron”, denunció Quishpe.

En su visión, el objetivo es claro: desvincular al personal con nombramientos provisionales y contratos ocasionales en los ministerios, lo que afectaría directamente a maestros, médicos, personal administrativo y militares.

El blanco: salud y educación

De los 44.000 docentes en condiciones contractuales precarias, una parte significativa sería cesada, afirmó Quishpe. En el sector salud, el número asciende a 60.000 trabajadores en situación similar. A pesar de que el reglamento menciona que ciertos regímenes quedarían excluidos, una disposición establece que toda la Función Ejecutiva deberá ejecutar desvinculaciones en un plazo de tres meses, asegura el dirigente.

“Nada de esto es neutral”, advirtió el dirigente, quien también señaló que ya existe un cronograma oficial y un listado con los primeros 5.000 nombres para despido.

Quishpe dijo que hay que evaluar a las autoridades que no cumplen. Acusó a la Ministra de Educación de no ejecutar más de 1.500 millones de dólares, mientras miles de niños abandonan las escuelas por falta de infraestructura y textos escolares.

Evaluaciones cada seis meses

El Gobierno de Daniel Noboa defiende la medida como un mecanismo de “excelencia y meritocracia”. Según la nueva Ley de Integridad Pública, los servidores públicos serán evaluados cada seis meses. La calificación más baja, si se repite dos veces, será causal de destitución.

“No es un tema nuevo. La LOSEP lo plantea desde 2010”, explicó la ministra Ivonne Núñez. El cambio, aseguró, está en la periodicidad de las evaluaciones.

Las notas influirán directamente en ascensos, comisiones de servicio y promociones internas. La calificación de “regular” conllevará una nueva evaluación en tres meses. Si no hay mejora, se procederá a la desvinculación.

El Frente Popular se moviliza

En respuesta, el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocaron a una movilización este 24 de julio a las 16:00. La protesta se centrará en el Ministerio del Trabajo, en el norte de Quito.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, confirmó que las demandas incluyen el aumento de sueldos y el respeto a la estabilidad laboral, además del retiro del reglamento que, a su juicio, “arrasará con los derechos de miles de trabajadores”.

La asambleísta Noemí Cabrera también se pronunció: “Este reglamento permite que funcionarios con nombramiento sean removidos sin evaluación justa. Es un atentado contra la Constitución y los principios del servicio público”.

Una de las cláusulas más polémicas es la que establece que las indemnizaciones por despido podrán ser pagadas en bonos del Estado, en lugar de dinero en efectivo. Esta modalidad preocupa a las organizaciones laborales, que advierten sobre su impacto en la economía familiar de los trabajadores afectados.

Los despidos masivos, junto a este sistema de compensación, podrían convertirse en un nuevo foco de conflicto laboral y social en Ecuador.