La democracia exige libertad de conciencia, especialmente en quienes ejercen funciones de representación popular. Por ello, es desfavorable que partidos y movimientos políticos sancionen con expulsiones a legisladores que votan en contra de las órdenes de sus bancadas.
Los asambleístas fueron elegidos por votación popular y no por designación partidista. Responden ante los ciudadanos de sus provincias, no ante las cúpulas políticas. Por tanto, sus decisiones deben reflejar el interés de sus representados, incluso si ello implica disentir del bloque.
En un país diverso, los criterios no pueden ser uniformes. Un mismo tema puede tener impactos distintos según la realidad local. Que un legislador vote pensando en su provincia no es traición, sino cumplimiento del mandato ciudadano.
La amenaza de sanciones internas inhibe el debate y convierte la Asamblea en un espacio de obediencia ciega, no de deliberación. Esa práctica erosiona la calidad de la representación y debilita el sistema democrático.
Se necesita una reforma interna en los partidos que respete la autonomía de sus miembros. La disciplina no puede estar por encima de la conciencia ni del compromiso con los electores.
