La justicia chilena ha solicitado a Israel la extradición de Ivonne Gutiérrez Pávez, exjueza acusada de participar en la sustracción de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El juez Alejandro Aguilar Brevis, del Tribunal de Apelaciones de Santiago de Chile, dictó el primer procesamiento por estos delitos y remitió la petición al Supremo, fundamentándola en el Convenio Europeo de Extradición, vigente desde el 1 de junio. Los cargos contra Gutiérrez Pávez incluyen asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa, relacionados con la adopción irregular de dos menores en San Fernando, vendidos a matrimonios extranjeros por 50.000 dólares cada uno.
Procesamiento histórico por crímenes de la dictadura
El fallo de Aguilar Brevis marca un hito al ser el primer procesamiento por sustracción de menores durante el régimen de Pinochet. Según un informe de la Policía de Investigaciones de Chile, Gutiérrez Pávez reside actualmente en Israel, lo que motivó la solicitud de extradición. La investigación revela que los bebés, hijos de “madres niñas” de la comuna de San Fernando, fueron entregados ilegalmente a parejas extranjeras en la década de 1970 y 1980.
Además de Gutiérrez Pávez, el magistrado procesó a otras cuatro personas: Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas. Todos enfrentan cargos por asociación ilícita, mientras que Espinoza, Vega y Silva también fueron procesados por sustracción de menores. La exjueza, además, enfrenta acusaciones por prevaricación dolosa, derivada de su rol en el Juzgado de Menores de San Fernando.
Proceso de la investigación
La investigación, liderada por el ministro en visita Alejandro Aguilar Brevis, expuso una red de adopciones irregulares que operó durante la dictadura. Los menores, según el diario La Tercera, eran separados de sus madres, muchas de ellas adolescentes en situación de vulnerabilidad, y vendidos a familias extranjeras. Este esquema, que generaba ganancias de hasta 50.000 dólares por cada adopción, involucró a funcionarios judiciales y otros cómplices que facilitaban los trámites ilegales.
El procesamiento incluye la orden de prisión preventiva para los cinco acusados, aunque la situación de Gutiérrez Pávez depende de la respuesta de Israel a la solicitud de extradición. El Convenio Europeo de Extradición, al que ambos países están suscritos, establece los procedimientos para este tipo de casos, aunque la resolución final podría demorar debido a las complejidades diplomáticas.
Adopciones irregulares en Chile
La sustracción de menores durante la dictadura de Pinochet es un tema que ha resurgido en los últimos años. Las investigaciones buscan esclarecer el destino de cientos de niños separados de sus familias. Organizaciones de derechos humanos estiman que miles de bebés fueron adoptados ilegalmente en el extranjero, especialmente en Europa y Estados Unidos, bajo pretextos fraudulentos. Este caso, centrado en San Fernando, es uno de los primeros en llegar a una etapa judicial concreta.
La labor del juez Aguilar Brevis se enmarca en los esfuerzos de Chile por abordar los crímenes de la dictadura. Estas actuaciones incluyen desapariciones, torturas y ahora la sustracción de menores. La extradición de Gutiérrez Pávez, si se concreta, podría sentar un precedente para otros casos similares. Por ahora, la Corte Suprema de Chile evalúa la solicitud, mientras la sociedad espera respuestas sobre un capítulo oscuro de su historia.
Próximos pasos en el proceso judicial
La justicia chilena aguarda la decisión de Israel respecto a la extradición, un proceso que podría extenderse varios meses. Mientras tanto, los demás procesados enfrentan prisión preventiva en Chile, y la investigación continúa para determinar si existen más víctimas o implicados en esta red de adopciones ilegales.
