En todo este tiempo han sido impulsados por lo menos 100 causas penales, en que los detenidos no han tenido abogado y han sido beneficiados por este servicio gratuito de defensa. En Portoviejo, la nueva oficina queda en los altos de la librería San Pablo, en la calle Chile entre Córdova y 10 de Agosto. Son los defensores públicos a cargo: Catalina Castro, quien es la coordinadora regional, y Geovanni Gorozabel, quien pertenece a la Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis de Portoviejo, ente contratado por el Ministerio de Justicia para el efecto. "No se trata de ganar o perder un juicio, sino de que se aplique el debido proceso a los acusados", mencionó Gorozabel. Por lo pronto, lo que se trata de aplicar para los detenidos son las medidas sustitutivas en casos de prisión preventiva (cautelar). Es decir, en vez de permanecer detenido, se puede negociar asistencias a juzgados o arrestos domiciliarios. A esta oficina aportan también dos pasantes y dos abogados egresados.