Actualizado hace: 33 minutos
Mineros piden mayor protección en nueva ley

La Cámara de Minería de Ecuador propone limitar las subastas públicas, diferenciar las regalías y eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la exportación para proteger a los pequeños y medianos obreros en la nueva ley del sector. El presidente de la institución, Fabián Rodríguez, declaró hoy en una rueda de prensa que los representantes del sector trabajaron "unidos y de forma conjunta para poder analizar y preparar un documento con propuestas para la nueva ley de minería".

Martes 28 Octubre 2008 | 14:57

"Nuestro compromiso con el país es realizar una ley que nos permita tener una minería responsable con el Estado, con el medio ambiente y con nuestro país", afirmó Rodríguez. El documento presentado ayer al ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, tiene propuestas que abarcan a diferentes sectores "de la pequeña, la mediana y la gran minería". Rodríguez señaló que una de las propuestas "más importantes" se refiere a las subastas públicas que constan en el borrador de la ley que estudia el Gobierno. Los representantes del sector consideran que la modalidad de subasta pública tendría que limitarse a los casos en que "el Estado haya invertido recursos y sepa cuál es la potencialidad del proyecto minero", porque si no, en un futuro, "se puede convertir en un bumerán" que acabe con la pequeña y mediana minería. Si las concesiones "salen a subasta pública, serán las (empresas) que aporten más dinero al Estado las que conseguirán esas concesiones y eso significa el final de la pequeña minería", señaló el dirigente. Otra de las reivindicaciones de la Cámara de Minería es que se elimine el IVA del 12 por ciento que recae sobre las exportaciones. Al referirse a lo que ahora deberán pagar al Estado en proporción a la inversión y las regalías, la Cámara propone que se establezcan porcentajes diferenciados para las pequeñas, medianas y grandes mineras, y no cifras estándar como analizan las autoridades. En su propuesta, los mineros hablan además de la necesidad de que se garantice la seguridad jurídica que favorezca el crecimiento de las inversiones y de los valores de las explotaciones.
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