Se informó en un comunicado de que la Procuraduría no asistió a la audiencia efectuada el viernes en Washington, porque la sede del arbitraje acordada por ambas partes era Quito. Ecuador estudia la cancelación del contrato para la explotación de crudo en la Amazonía ecuatoriana con City-Oriente, porque esa compañía no ha cancelado una deuda, desde abril del año pasado, por el reparto a partes iguales con el Estado de los ingresos extraordinarios obtenidos por el alto precio del crudo. En abril de 2006, el Gobierno emitió una ley conocida como “042”, que obligaba a las compañías privadas a entregar al Estado el 50 por ciento de las utilidades extraordinarias por la venta del crudo ecuatoriano. Pese al requerimiento del Estado, según la empresa estatal Petroecuador, City-Oriente no cumplió con esa ley y le exigió el pago de unos 28 millones de dólares por el reparto de beneficios extraordinarios. La compañía petrolera, con sede en Panamá, pero de capital estadounidense, solicitó al CIADI intervenir en el contencioso. La Procuraduría sostiene que la sede, en un caso de arbitraje, dentro del contrato de participación firmado el 29 de marzo de 1995 con la compañía, es Quito.