La ciudadanía está ávida de información para aminorar los temores ante una enfermedad que, aunque no registra casos en el país, no deja de ser una amenaza por los efectos que va dejando en todo el mundo.

Los rumores y las noticias falsas ganan espacio, favorecidos por el acceso a las redes sociales y la natural expectativa ciudadana, y se difunden con mayor rapidez que las versiones oficiales.

Por disposición superior, los funcionarios de salud en las provincias se ven obligados a guardar silencio, inclusive frente a versiones de tipo local. Esto no es, precisamente, un ejercicio de transparencia informativa; por el contrario, deja dudas sobre la veracidad de los datos que se entregan.

No es la primera vez que las vocerías del sector oficial se centralizan en funcionarios de orden jerárquico superior. Con ello, se fomentan los rumores y no es posible confirmarlos o desmentirlos porque ni los periodistas ni los demás ciudadanos pueden obtener las versiones para ello. Y no solamente ha ocurrido en situaciones de emergencia, sino que hay otros casos en los que los funcionarios provinciales deben contactar a sus jefes en Quito o Guayaquil para solicitar autorización antes de dar alguna entrevista.