"Se han producido violaciones en el marco de las protestas de octubre, pero también desde la llegada al poder del presidente Lenín Moreno en 2017", destacó otro miembro de la delegación, el profesor español Fernando Casado, destituido del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Quito por sus críticas al Gobierno de Ecuador.

Casado subrayó que esta persecución "podría ser considerada como un delito de lesa humanidad", y él y García afirmaron que si bien los abusos de las autoridades ecuatorianas fueron especialmente denunciados durante las protestas de octubre, se remontan a fechas anteriores y continúan en la actualidad.

Los activistas pusieron el ejemplo del acoso a Paola Pabón, ganadora en 2019 de las elecciones a la prefectura de Pichincha, que afronta un proceso por presunta rebelión.

También recordaron el acoso a activistas indígenas, que fueron actores clave en las protestas iniciadas el pasado octubre por los planes de retirada de los subsidios a los combustibles, o las amenazas de muerte y otras presiones contra el defensor del pueblo ecuatoriano, Freddy Carrión.

Según la delegación, los responsables de Naciones Unidas se comprometieron a realizar un seguimiento de estas denuncias y se mostraron preocupados de que esta situación se prolongue en un año clave como es 2020, de "precampaña" hacia las elecciones presidenciales de abril de 2021.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet, envió a finales del pasado año una misión a Ecuador para investigar las denuncias de abusos durante las protestas de octubre, pero según la delegación las autoridades ecuatorianas han hecho caso omiso a sus recomendaciones.

"La visita fue muy positiva, pero no han cesado las amenazas contra instituciones o la persecución política sistemática y generalizada", subrayó Casado.

La delegación representa a la Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, de la que es secretario general Manel García, que aglutina 185 colectivos.

Fue recibida por las relatorías de detención arbitaria; defensores de los derechos humanos; salud, reunión y asociación pacífica y libertad de expresión, además de por representantes de la mencionada Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. EFE