Ocurrió con los taxímetros. Pese a que la Ley de Tránsito prevé el uso de estos dispositivos en los taxis, son pocos los que los utilizan. La mayoría de los conductores prefiere aplicar las tarifas a conveniencia, por lo que los aparatos, que se instalaron con costo para los dueños de los vehículos, se han convertido en artículos que no tienen ninguna utilidad.

Luego pasó con los sensores de velocidad, instalados en los buses para alertar cuando las unidades excedieran los rangos permitidos. En muchos casos, las pantallas están apagadas o no muestran toda la información.

Ahora, se conoce que por falta de mantenimiento, las cámaras de seguridad no funcionan en muchos casos y, peor, que hay personas que las han desconectado por conveniencia.

Las cámaras han permitido el registro de cientos de delitos y la identificación de los responsables. Los sensores de velocidad han servido para alertar los excesos de velocidad. Los taxímetros fueron ubicados para que se cobrara el precio justo por las carreras de taxi.

La inhabilitación de estos sistemas es el reflejo de la arbitrariedad y la falta de control a planes y políticas del Estado que, en su tiempo, estuvieron dirigidos a garantizar la seguridad a los usuarios.