Actualizado hace: 938 días 3 horas 12 minutos
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Diego C. Delgado Jara [email protected]
Arroz verde ahumado

Ni siquiera las denuncias fundamentadas sirven en Ecuador para iniciar las acciones penales de rigor. Todo se manipula, encubre y otorga impunidad a gusto. Se vive una dictadura donde ni la Constitución ni las leyes se aplican, salvo el interés del régimen encubridor de turno. El 4 de junio del 2019 los portales La Fuente y Mil Hojas, así como La Hora, del 5 de junio del 2019, informaron que para la campaña electoral del 2017 se presentaron 14 aportes por 7’270.000 dólares, a favor de los candidatos de Alianza Pais; con precisión para el binomio Moreno Glas.

Viernes 17 Enero 2020 | 04:00
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Lo llamativo es que aparecen USD 1,5 millones dados por la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), USD 800.000 donados por la Prefectura de Manabí, USD 350 mil por la de Los Ríos, y USD 350 mil tomados de la Secretaría de la Reconstrucción de Manabí, esto es el dinero que debió servir para las víctimas del terremoto del 2016. Se utilizó dinero del fisco y de los damnificados para financiar la campaña del binomio oficial.
Tomar dinero del Estado, según el Art.  278 del COIP, constituye delito de peculado, esto es la acción cometida por quienes “en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan (…) de dineros públicos o privados”, implica “penas privativas de libertad de diez a trece años”. Las autoridades que autorizaron o dieron ese dinero fiscal, y sus usufructuarios deberían estar enjuiciados. Pero en el Ecuador de hoy es una ilusión el suponer que se respete la Constitución o las leyes.
En más de 30 meses de este gobierno, no existe un solo juicio por delincuencia organizada, peculado, ni enriquecimiento ilícito, a pesar de que el BID, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la Unión Europea estiman que desde el año 2007 se robaron o “evaporaron” en Ecuador USD 70 mil millones. Los ofrecimientos de “cirugía mayor” contra la corrupción y la comisión con la participación de las Naciones Unidas, “similar a la de Guatemala”, fueron estrepitosas burlas a la ciudadanía.
Según el Art. 609 del COIP, una acusación solo formaliza la Fiscalía General, y esa y muchas otras instancias se hallan bajo influencia oficial. ¡Para eso sirvió el CPCCS-Transitorio! ¡Todo está bajo control! ¡El actual Gobierno, impuesto al país por Correa, mediante un proceso más que turbio, dirige en los hechos la campaña electoral del correísmo, que alegará que “nada han probado”! ¡En vez de haber llevado los documentos ante las autoridades pertinentes, en forma increíble, se quemaron los originales en los archivos de la propia Contraloría!
 
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