A quien mira los acontecimientos desde lejos, “desde la general y no del palco”, a quienes  viven  una realidad castigada por una tragedia descomunal como fue el terremoto del 2016, sin parangón por su intensidad y daños, a todos los que desde el fondo de la desgracia luchan a diario para levantarse otra vez,  esta mutilación al proyecto de ley, luce extraña. 

Aunque es cierto que el levantamiento indígena arremetió absurdamente contra la producción de ciertos sectores de determinadas provincias de la Sierra centro, levantamiento que además sirvió para sacar a la luz resentimientos, rencores, enconos y toda la gama de odios desde el leve hasta el más intenso y profundo, el efecto de la paralización  fue total, alcanzó a todas las provincias del país en mayor o menor grado. 

¿Acaso, aquí, en la Costa, no se sintió la imposibilidad de transportar la producción de la Costa a los centros de consumo de la Sierra?  ¿Acaso no se sufrió por no poder llevar a cabo una gestión en Quito? No nos olvidemos que el Ecuador tiene un modelo centralista de gobierno. Todo se resuelve allá, no importa la naturaleza de la gestión que se vaya a realizar. Una movilización por tanto,  que bloquea las calles de Quito, afecta y mucho. 

Por supuesto que las provincias con mayor población indígena fueron las más perjudicadas,  pero el terremoto de abril del 2016, no hay que olvidar, ha dejado heridas en Manabí y Esmeraldas que aún no sanan.  Existen proyectos que están apenas arrancando, otros en diferentes fases de desarrollo y algunos lejos de iniciarse. La magnitud de la tragedia fue inmensa y sus consecuencias gigantes. Se puede desconocer  que la recuperación en zonas golpeadas por fenómenos naturales  toma su tiempo.   Las huellas  del terremoto están a la vista de todos.

En consecuencia, la propuesta de la reducción del 10% en el impuesto a la renta generada en el 2019 es más que justa. Manabí y Esmeraldas lo necesitan.