La propuesta, que fue incluida en el texto de la Ley de Simplificación Tributaria, aprobado por la Asamblea Nacional, da al Ejecutivo la potestad de pagar los valores pendientes con papeles, con lo que los municipios, gobiernos provinciales y juntas parroquiales podrían ver complicada la recuperación de esos montos.

Los bonos son desfavorables porque obligan a sus tenedores a negociarlos, por lo general con descuentos, en caso de necesitarlos. Como es lógico, esto afectará la liquidez de las instituciones y a la atención de las necesidades de los ciudadanos.

Los gobiernos locales atraviesan, al igual que el Gobierno central, problemas económicos. El Ejecutivo les adeuda aproximadamente 235 millones de dólares, que permanecen en las arcas fiscales cuando debieron haber sido entregados a los organismos descentralizados. Lo recomendable, en este caso, es que se asuman compromisos de pago y que el Gobierno se obligue a cumplirlos.

De nada valdrá que se pague con bonos si las instituciones que los reciben no pueden hacerlos efectivos, pues corren el riesgo de recibir menos dinero por ellos. Se verán obligados a guardarlos, a la espera de que venzan los plazos. Los GAD recurrirán al auxilio del Gobierno y la situación volverá a los mismos puntos que antes.