Es aquí entonces que llamamos la atención de nuestros asambleístas para que se esmeren, con todo fervor patriótico, por mejorar lo destinado para el alicaído sector agropecuario.

Basamos nuestra petición recordando a los líderes el poder Ejecutivo e integrantes del Legislativo, que ascendieron a sus cargos gracias al voto popular, que en gran medida lo lograron por incluir en sus promesas de campaña dar decidido y frontal apoyo a la agricultura y ganadería, en correspondencia a su indiscutible y significativo aporte a la producción del país, a la generación de divisas por exportación y al rol que han venido cumpliendo en la creación de fuentes dignas y permanentes de trabajo.

En esa línea de pensamiento y acción, es necesario se revise el bajo nivel presupuestario que se ha planteado para el Ministerio de Agricultura que, de los 116 millones de dólares asignados, menos que el 2018, la mayor parte es para solventar pago de remuneraciones, quedando muy poco para inversiones, sin que puedan cumplir las funciones inherentes al desarrollo agrícola, que se clama desde hace varios años.

La misma consideración debemos formular respecto de otras entidades del área como el INIAP y Agrocalidad, que contarán, de no darse los necesarios incrementos, con exiguas partidas para hacer frente a enfermedades y plagas catastróficas en constante acecho. Tampoco existirán recursos para concluir las obras de riego y drenaje, necesarias para volver eficientes las labores agrícolas, no hacerlo sería echar al traste grandes inversiones especialmente en los proyectos llamados emblemáticos, ahora abandonados.

Creemos que ciertas actividades agrícolas, como la implantación de huertos urbanos, comunitarios y familiares, fuentes de trabajo y alimentos, bien podrían financiarse recurriendo a una mínima proporción de los montos que se dirigen como bonos de pobreza, pues la agricultura es una actividad social que ayudaría a los mismos beneficiarios de esos subsidios, en una utilización más efectiva.