Un sistema mal hecho se convierte en foco de corrupción, y para combatirla se requieren medidas drásticas.

Para empezar, la ubicación de la cabina de peaje no es la adecuada. Está en un tramo por el que pasan tanto los carros que van a Manta o Montecristi, y que sí deben pagar el peaje; como los que van a Jipijapa, que no están obligados a cancelarlo.

Por otra parte, la exoneración se establece solamente por la palabra del usuario y no hay ninguna forma de control para saber si la información es cierta o hay evasión.

La empresa pública Manabí Vial, que tiene a su cargo el peaje, debe aplicar cambios para evitar tanto la evasión como la posibilidad de fraude en el cobro de las tarifas. El Gobierno Provincial de Manabí podría pedir la concesión del anillo vial, incluida la carretera a Jipijapa, o cambiar la ubicación de la caseta a un lugar más conveniente, por ejemplo, en la zona de Las Palmas, donde se la concibió inicialmente.

Además, se requieren sistemas de control interno y externo. Los primeros, para vigilar que los cobros que se hagan sean los correctos; y los segundos, para constatar que no haya evasión.

Mientras no haya ajustes, la corrupción seguirá teniendo allí un gran bocado fácil y de nada valdrán las sanciones a quienes incurran en ella.