Se ha vuelto frecuente que, por evitar pronunciarse en temas que pudieran comprometerlos o por decisión del bloque político al que pertenecen, los asambleístas se ausenten del salón principal del Parlamento y, peor, que lo hagan en forma reiterada y sin ninguna justificación.

Esto ha incidido en que algunas decisiones trascendentes no se aprobaran.

Los asambleístas deben legislar y fiscalizar, y en ambas tareas tienen que actuar como representantes de sus electores. No pronunciarse frente a asuntos de coyuntura es una forma de evadir esa responsabilidad.

En las últimas semanas, asambleístas vinculados con el movimiento correísta, sintiéndose perseguidos políticos, obtuvieron asilo en la Embajada de México, con lo que han dejado de actuar como tales y han puesto en su lugar a sus alternos. Un vacío en la Ley Orgánica de la Función Legislativa les permite conservar sus curules a pesar de que su ausencia, desde entonces, es permanente.

Frente a casos como estos es que se debería tener una  norma legislativa más estricta, sin vacíos como los señalados.

Seis meses lleva el informe de la Comisión de Justicia esperando la aprobación en la Presidencia de la Asamblea. Debería desempolvárselo y actualizarlo. El ejemplo tiene que empezar por casa.