En la alcaldía de Humberto Guillem Murillo se invirtieron 125.000 dólares en estudios de factibilidad y rediseño, los que indicaron que el sector de la vía metropolitana Eloy Alfaro, salida a Manta, sería el adecuado para la construcción de la obra.

Posteriormente, con una inversión de 178.570 dólares, la actual administración cantonal dispuso otro estudio que concluyó que el mejor lugar es el actual; pero dio como alternativas: 1.- Paso lateral, vía a Manta, 2.- Paso lateral, vía a Crucita; y 3.- Paso lateral, avenida Reales Tamarindos.

Los dos trabajos no convencen al primer munícipe del cantón, quien recurrió a otra empresa - quizá para él más bacán y a la que sí haría caso - que estaría por entregar sus estudios a un costo cercano al millón de dólares, pagadero por la empresa que gane la construcción.

Pero es una espera que tiene sus bemoles, puesto que, extraoficialmente, el gobierno cantonal está prohibiendo construcciones y congelando ventas y valores prediales, advirtiendo la apertura de nuevas calles en la zona donde funciona la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca), la clínica San Gregorio, casa de albergue Matías Mujica, y en sectores como el Parque Forestal, señalando que los estudios han sido focalizados para se ubique la TT donde prefiere el reelecto alcalde.

Entonces, ¿para qué tanto cuento si el fin ya es conocido? De ser así, los 303.570 dólares desembolsados quedarán solo como gastos del estado de propaganda mediática de esta municipalidad, materia de posterior análisis de Contraloría. Es decir, una obra escogida a dedo, sin la intervención de la comunidad legalmente obligatoria por las afectaciones y repercusiones sobre los residentes de la zona.

Así lo afirma el colectivo social que dirige Tatiana Nevárez de Egüez, quien, ejerciendo su derecho a formar parte del desarrollo de su entorno ciudadano, sostiene que la TT en ese lugar es negativa porque carece de infraestructura sanitaria, sería contaminante, alteraría el funcionamiento de los centros de salud al incrementar peligrosamente el ruido, el movimiento vehicular, los gases tóxicos. Y el sector es inundable.

Pero como no se le para bola, pues la característica del supremo administrador no es precisamente el diálogo, considera su deber persistir en sus denuncias, un comportamiento cívico que debe ser emulado.