Las imágenes que se difundieron por las redes sociales y espacios de noticias durante los dos días del paro de los transportistas muestran la impunidad con la que actuaban grupos de vándalos, quienes sin miramientos saquearon establecimientos y asaltaban a las personas.

La paralización de la transportación se suspendió anoche, pero ya se anuncian otras protestas por parte de grupos sociales, que también podrían derivar en disturbios y robos. Las autoridades deben tener como referencia la experiencia reciente para disponer el control de cualquier brote de violencia, que no se descarta que pueda ocurrir pese a la declinación de la medida de hecho.

La fuerza pública tiene la responsabilidad de actuar para proteger los bienes y la integridad de los ciudadanos, que no son el objetivo de las protestas. Jueces y fiscales deben aplicar rigurosamente la justicia contra quienes atenten o atentaron contra la propiedad pública o privada.

Es de esperar, ahora, que el país retome la normalidad y se recupere de las pérdidas que originó una medida de hecho que pudo evitarse si el gobierno hubiera aplicado a tiempo un gradual retiro de subsidios en vez de hacerlo en forma abrupta.