En los últimos doce años el empleo pleno, que abarca a quienes trabajan al menos 8 horas diarias y perciben el salario básico o más, se ha mantenido por debajo del 50 por ciento de la población que tiene trabajo. Este año, solamente 38 de cada 100 personas que tienen empleo están en esta categoría.

Esto significa que por cada 100 ecuatorianos que trabajan, 62 están en subempleo, no perciben un sueldo o no alcanzan a ganar el salario básico. El desempleo, que es otro rubro, afecta al 4,4 por ciento de la población en edad de trabajar.

Se trata, evidentemente, de un problema estructural. La falta de políticas que incentiven la generación de empleo a partir de estímulos a la inversión y a emprendimiento impide que el empleo pleno crezca.

Ante la falta de oportunidades, los ciudadanos se ven obligados a sobrevivir en el subempleo o con pequeños emprendimientos, en la mayoría de los casos sin apoyo estatal.

Ahora, el Gobierno, que se apresta a enviar a la Asamblea Nacional una serie de reformas laborales y económicas, tiene la oportunidad de flexibilizar el marco legal para impulsar el empleo, que es uno de los puntos de interés de la población.

Esto se logrará si se dinamiza la economía, si se estimula la producción, si se suavizan normas rígidas que desmotivan a quienes quieren invertir.