Por una parte, la Asamblea tiene en sus manos la reforma al artículo 5 de la ley, por la cual la comunicación dejará de ser un servicio público y volverá a su condición de derecho ciudadano. Todavía está en espera, desde hace unos meses, el análisis en segundo debate.

Por otra, el Ejecutivo no ha emitido el reglamento a la Ley de Comunicación reformada, con el que se pueden aplicar los cambios a cabalidad. Es cierto que, mientras tanto, se puede aplicar el reglamento anterior siempre y cuando no se oponga a las reformas, pero podría llevar a confusiones.

El Gobierno actual aplicó cambios a una ley concebida para perseguir a los medios de comunicación y a los periodistas, a los que había declarado enemigos y criticaba en cada intervención pública. Con esto, el régimen actual hizo bien; sin embargo, todavía quedan algunos pasos que dar.

Aunque se lo ha venido sosteniendo, lo conveniente es que no haya una Ley de Comunicación porque, a pesar de las reformas que se hagan, subyacen formas de restricción de libertades individuales como las de expresión e información, y sanciones contra los medios.

Por ahora, hay que ir cerrando procesos. Las reformas a la Ley de Comunicación deben ser retomadas con prontitud y el Gobierno debe emitir el reglamento para su aplicación plena. Estos temas pendientes deben ser atendidos pronto.