Se dice que es la refundación de un Estado, dado que esta norma madre define el modelo económico-productivo y de desarrollo, orienta las políticas públicas, la inversión pública, la naturaleza del marco jurídico en todas sus dimensiones; ello explica por qué tardamos tanto tiempo en constituirnos como una nación desarrollada, teniendo tantos recursos para hacerlo, dado que el desarrollo requiere de años, incluso décadas, de estabilidad política y la sostenibilidad de un modelo de estado consagrado desde la Constitución. Con cada Constitución damos dos pasos hacia adelante y uno para atrás en materializar los objetivos de desarrollo.

La Carta Magna elaborada en el 2008 en Montecristi, cuna del liberal Eloy Alfaro Delgado, fue expuesta como la mejor en la historia de la República. No es para menos, es incluso la primera en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, además de suscribir anhelos, luchas y derechos que durante décadas fueron abanderadas por las organizaciones sociales: la gratuidad de la educación, el reconocimiento de la diversidad cultural, de pueblos y nacionalidades en el país, entre otros.

Hoy por hoy resuenan voces que claman una nueva Constitución. Es casual e irónico que quienes alzan esa consigna sean (algunos) los mismos que expusieron a la actual como la mejor, pero nadie hablaba de ello hasta que lo hizo el expresidente, el del ático. Eso nos invita a pensar que esas voces ejercen el equivalente papel de una caja de resonancia. En todo caso, particularmente, les he preguntado a muchos de ellos, amigos: ¿Constitución para qué? Y no han sabido responderse ni a ellos mismos, lo que me es muy preocupante y corrobora lo antes dicho. ¿Pero que está mal? 

Dado el escenario de la coyuntura actual, podríamos en primer término concluir que la Constitución vigente forjó un sistema de concentración del poder en el Ejecutivo, y un blindaje para quien está sentado en el sillón, posición muy cómoda mientras se está en él, pero nada satisfactoria si se está por fuera, como ocurre actualmente, esa es la naturaleza del híper-presidencialismo con que se operaba en los últimos años el manejo estatal, reglas que ahora les incomodan a los creadores de las reglas.