Negar información se ha vuelto una actitud frecuente. En ocasiones, los funcionarios aseguran no tener autorización para hablar con la prensa, debido a que las vocerías están a cargo de burócratas ubicados en posiciones más altas. En otras, se niegan directamente aduciendo reservas que no están contempladas en las leyes, o se vuelven inaccesibles a la prensa. Lo mismo ocurre con requerimientos hechos a título personal por ciudadanos.

Por principio jurídico, la información pública debe ser transparente y estar a disposición de los ciudadanos, excepto la que, por su naturaleza, deba ser clasificada como reservada.

Las instituciones deben mantener actualizada en su página web la información que está contemplada como pública; sin embargo, no se cumple en todos los casos.

Las trabas al acceso a la información deben terminarse. El Gobierno debe imponer en sus entidades su posición de respeto a las libertades individuales.