Corrupción, el denominador común empleado contra todos los gobiernos progresistas de la Región. En nuestro país ya existen precandidatos a la Presidencia que por un lado deben aliarse a Moreno,  quien abrió la puerta grande al neoliberalismo y, por otro, ya muestran cierta pugna, conocedores del costo político de alianzas antipopulares, a  pagarse inexorablemente en  las próximas elecciones.

La prensa amiga ha conseguido reacciones como la de una funcionaria pública que, saliendo de una terapia médica comentó como se  ha autoprohibido los noticieros, de televisión sobre todo, a fin de recuperar la salud. Ella, al igual que todos los que en las encuestas han opinado negativamente sobre este gobierno, está convencida de que el  país se ha desintegrado para mantener el poder y hacer un “gobierno para todos”. Moreno y los cuatro (¿) gobernantes-asesores atomizaron  el aparato estatal para entregarlo a los grupos de poder del pasado, tornando al país en  ingobernable, un evidente retroceso de al menos cuarenta años.

La percepción de desgobierno ha retrotraído paros, múltiples accidentes de tránsito. El  atropello a la Constitución aprobada por el pueblo es cotidiano, por lo que se avizoraba la  destitución de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sentenciada desde su triunfo electoral al encontrarle afinidad con lo que llaman correísmo. Lo dicen con todo el desparpajo del caso, hay que “descorreizar” el país. A tal propósito, los asesores de imagen empezaron por vigilar que se  borrara la marca país, sin  mirar la dilapidación de fondos. Muchos países han creado su propia marca para la promoción internacional pero,  en nuestro territorio,  el expresidente la mostraba  en su vestuario semanalmente.

Para los fines del Gobierno, que condena cualquier vinculación del exmandatario con la Función Judicial, los seis mil dólares de préstamo realizados al partido del que fue miembro, encontraron una ágil condena. Los “elementos de convicción” se convierten en pruebas irrefutables siempre que sirvan para penalizar a los funcionarios del gobierno anterior. Al contrario, las pruebas irrefutables se diluyen cuando se trata de minimizar asuntos como  INA Papers o el escandaloso escape a Casablanca, en claro respaldo de quienes al fin volvieron a tomarse el Estado, luego de una década de orden en todas las esferas.