Tuárez, según el denunciante, incurrió en prohibiciones constitucionales y legales. De acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica del CPCCS, no podrán ser nombrados ni desempeñarse quienes sean representantes de grupos religiosos.

La norma no se refiere al representante de una iglesia, sino que hace referencia a la necesidad de la ética laica y eso significa que Ecuador debe cuidar la separación entre iglesia y Estado, señaló Villamar.

Asimismo, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, presentó ayer en la Fiscalía General del Estado otra denuncia contra Tuárez, a quien lo acusa de los delitos de perjurio, falso testimonio y por el uso de documento falso.

Según la dirigente, con la denuncia se busca que la fiscal Diana Salazar investigue y alcance una sanción del funcionario. Para Vargas, no se puede normalizar la corrupción y peor normalizar la falsificación de documentos.

El párroco de Santo Domingo de Guzmán y jefe de la orden religiosa a la que pertenece Tuárez, Antonio Cabrejas, dijo ayer a Ecuavisa que él advirtió desde el principio que estaba haciendo las cosas mal.

“El padre José Carlos ha vendido el alma al diablo”, mencionó, al tiempo que aseguró que ser licenciado en Teología no debe ser para tanto.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció acciones de control político al Consejo Nacional Electoral (CNE) para transparentar el proceso de inscripción de las candidaturas.