La gestión de los nuevos vocales tiene dos semanas de retraso, pues debido a las sucesivas impugnaciones que se hicieron a los resultados del proceso electoral, su designación entró en una especie de limbo, que terminó cuando el TCE dio el fallo definitivo.

Ahora, las cosas están en manos de la Asamblea Nacional, que debe fijar fecha para la posesión de los integrantes de esa entidad del Estado.

Desde esta columna se ha sostenido que el CPCCS debe desaparecer, pues fue creado para asegurar la concentración de poderes en el anterior Gobierno; sin embargo, mientras esto no suceda, debe respetarse la institucionalidad, independientemente de las ideologías políticas que profesen quienes lo integran.

Quienes deben ocupar esas funciones fueron escogidos por votación popular, lo que da fuerza a la obligatoriedad de cumplir su posesión cuanto antes.

Mientras tanto, puede continuar el proceso para eliminar esta entidad, lo cual requiere de mayor atención pues su creación consta en la Constitución y, como tal, requiere la aplicación de reformas a la Carta Magna.

Además, en las reformas al Código de la Democracia debería incluirse un límite a las impugnaciones de los resultados electorales, para evitar que reclamos posterguen innecesariamente la posesión de funcionarios y autoridades.