Este impuesto, vigente desde hace ocho años, debe ser pagado por los dueños de vehículos con cilindraje mayor a 2.500 centímetros cúbicos y más de cinco años de antigüedad. Según la ley que lo creó, los fondos que genera tienen que destinarse a la construcción de escuelas, carreteras y hospitales, así como en campañas ecológicas.

Pero, según las denuncias, hay un vacío legal en el destino específico de estos recursos, de forma que, posiblemente, no se utilizaban en los fines para los que se creó la ley.

Ahora, con la eliminación de los subsidios a las gasolinas, que llevó implícito el aumento del octanaje en este tipo de derivados del petróleo, este impuesto ambiental no tiene ya razón de ser. Se supone que, al mejorar la calidad del combustible, se reducen los niveles de polución que se genera con su uso.

El anuncio del mandatario debe hacerse realidad cuanto antes, pues con ello se aliviaría una carga más a los dueños de automotores, afectados ya con los elevados aranceles y la regulación en los valores de la gasolina.

Desde esta columna se ha sostenido que es positivo que se haya eliminado el subsidio a los combustibles, pero también es necesario disminuir los impuestos que hacen más oneroso el hecho de tener un automotor.