La Unasur fue creada como una institución de integración y concertación regional para garantizar la cooperación económica y comercial entre los Estados miembros.

Según los gobiernos izquierdistas, que hace unos años eran mayoría en América Latina, se trataba de la cristalización del sueño de Simón Bolívar.

Pero todo eso no pasó de ser una serie de enunciados cargados de idealismo. La realidad es que sirvió para que los mandatarios tomaran decisiones ideologizadas y con el paso del tiempo la propuesta integración resultara, más bien, en lo contrario.

Ecuador debe aportar -porque todavía no se ha efectivizado su retiro- cerca de 400 mil dólares cada año para sostener a un organismo que desde el 2017 ni siquiera ha podido designar un secretario general y arrastra un déficit cercano a los 20 millones de dólares.

Ahora, Ecuador también debe pedir el cambio de sede y destinar el edificio de la Unasur, ubicado en la Mitad del Mundo, en Quito, para otros fines. Uno de los anuncios es que será cedido a la Universidad Indígena.

El país también debe decidir sobre la vigencia de las visas Unasur, con las que se beneficia a los ciudadanos de los países que conforman ese bloque regional.

Y le corresponde, también, a la Asamblea Nacional aprobar la decisión del retiro. Los asambleístas deberían analizar el caso sin sesgo político y pensar, más bien, en que los recursos que se destinan a ese organismo deben utilizarse para el bienestar de los ecuatorianos.