El proyecto refinador, como tal, inició en el 2008, por un acuerdo entre Petroecuador y la estatal venezolana PDVSA.  Ambas empresas se convirtieron en accionistas de una compañía mixta ecuatoriana, inscrita con el nombre de Refinería del Pacífico Eloy Alfaro. Su finalidad era la de construir y poner en funcionamiento la refinería, cuya ubicación estaba señalada en El Aromo, provincia de Manabí.

Sin embargo, PDVSA terminó por desvincularse, como hizo con otros proyectos en los que también fue socio del Estado ecuatoriano y por los que, incluso, llegó a pedir altas sumas como indemnización.

En el caso de la refinería, el Gobierno empezó a buscar otras fuentes de financiamiento, pero la sociedad con la petrolera venezolana es un escollo para toda intención.

Por eso, es necesario que se liquide la compañía; pero también debe conservarse el proyecto, mantener a Manabí como su sede y continuar las gestiones, por parte del Gobierno, para asegurar su ejecución.

Además, se debe seguir las investigaciones para hallar a los responsables de la cuantiosa inversión que  se hizo en la preparación del terreno en El Aromo y que, según una evaluación internacional, tuvo un 23 por ciento de sobreprecio.

Las irregularidades y un mal inicio no pueden echar al traste un proyecto que, de seguro, será beneficioso para Manabí.