El 2 de marzo de 2018, la Contraloría aprobó el informe con indicios de responsabilidad penal en contra de  funcionarios de la Subsecretaría Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por irregularidades detectadas en la selección del contratista y la adjudicación, por más de tres millones de dólares, en la demolición de edificios afectados por el terremoto de 2016, pero el fiscal se abstuvo de acusar a las personas señaladas en el documento.

Se debe aclarar con prontitud si el representante del Ministerio Público actuó correcta o incorrectamente. Y se lo debe hacer por la gravedad de la denuncia y del autor de la misma,  por el prestigio del fiscal y, sobre todo, en honor al dolor que causaron la muerte y la destrucción originadas por el movimiento sísmico. 

Es preciso que no quede ninguna duda sobre lo ocurrido con la presunta corrupción en las demoliciones y también dentro del proceso de juzgamiento de este y otros presuntos casos de corrupción en la reconstrucción de Manabí.