Ante esto, el asambleísta Guillermo Celi dijo que le parece una barbaridad que un informe de la Contraloría tan claro, se lo haya pasado “alegremente y no se hayan hecho las investigaciones necesarias”.

Celi agregó que la Contraloría determinó malversación de fondos.

Antecedente. El 2 de marzo de 2018, la Contraloría aprobó el informe con indicios de responsabilidad penal en contra de dos funcionarios de la Subsecretaría Zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por las irregularidades detectadas en la selección del contratista. La adjudicación, por más de $3,3 millones, se efectuó a una empresa que, según el documento, no contaba con personería jurídica ni podía garantizar la ejecución adecuada de los trabajos. 

Fressia Villacreses, activista social, indicó que el fiscal debe hacerles saber a los manabitas dónde no encontró fallas para que haya decidido ese veredicto.

“La Contraloría y Procuraduría deben actuar de manera inmediata porque es inexplicable la acción del fiscal”, manifestó.

Julio Villacreses, vocero de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Manabí, mencionó que es “indignante, se está burlando la justicia y estos hechos no pueden quedar en la impunidad”. 

“Por eso apoyamos la decisión del contralor Pablo Celi de solicitarle a la Judicatura que le abran un expediente administrativo a este mal funcionario judicial que se contradice. Son 3,3 millones de dólares los que, según la Contraloría, no han sido justificados para las demoliciones por el terremoto del 2016”, señaló. Villacreses además dijo ya no estar sorprendido, considerando que para él, la justicia todavía no funciona. 

El abogado Edison Cevallos señaló que la Procuraduría ha quedado debiendo a los manabitas en el tratamiento de este caso.

El Diario buscó la versión del fiscal Luis Fernando Cadena Vélez vía telefónica, pero no respondió las llamadas.