Están por cumplirse tres años del terremoto del 16 de abril del 2016 y todavía queda mucho por hacer en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron las más afectadas por el fatídico suceso. Aún hay familias que esperan la construcción de sus viviendas y productores que esperan el apoyo institucional para acceder a créditos; todavía hay ciudades en las que la infraestructura sigue afectada y no se concretan los planes de reconstrucción; la reactivación económica sigue siendo una larga espera para pequeños productores, en especial comerciantes que, tras perder sus capitales de trabajo, piden una oportunidad traducida en créditos para levantarse.

La Ley de Solidaridad estableció gravámenes que fueron cubiertos por todos los habitantes de Ecuador, y con ello se recaudaron más de 1.980 millones de dólares, según las cuentas registradas por el Ministerio de Finanzas. Lo que queda es poco más del 11 por ciento del monto reunido en los tres años.

Un examen de la Contraloría reveló el año pasado que parte de esos fondos se destinó a gastos de los que no se justificó su relación con las necesidades originadas por la emergencia.

Es necesario, entonces, que se establezcan las prioridades para que lo poco que queda de los recursos recaudados se utilicen, como debió ser desde el principio, en obras de reconstrucción y en gestiones de reactivación, y no sigan siendo parte de la caja emergente para financiar rubros que debieron ser cubiertos por el presupuesto estatal.