En Ecuador existe una excesiva intervención del Estado en las instituciones del sector financiero. Varios organismos, desde el Banco Central hasta las superintendencias, controlan todos los productos y procesos del mercado financiero. Es correcto que se controle la solvencia de los bancos para que el público sepa en dónde pone su dinero.

Pero el problema es que el control va mucho más allá. Tarjetas de crédito, préstamos en todas sus modalidades, ahorro, tasas de interés, servicios al usuario, seguros y otros insumos financieros están bajo las directrices de los organismos de control, que disponen cobrar la misma tasa de interés a un buen o a un mal cliente.

Las normas y controles establecidos son verdaderas barreras de entrada. Así, es difícil que entren bancos extranjeros a un mercado hipercontrolado.

La eliminación de tales barreras, unida a la desregulación del sistema financiero, permitirá la llegada de bancos de otros países con afán de competir, y la consecuencia de ello será la mejora de los servicios bancarios y, seguramente, el costo de sus servicios.

La rigidez de los controles del Estado muestra situaciones inauditas, como por ejemplo, que mientras el país paga un interés del 11 por ciento anual por los créditos que obtiene de organismos internacionales, una empresa asentada en el territorio nacional paga menos de ese porcentaje porque así lo deciden los organismos reguladores del sistema financiero.