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Desafíos de la transportación pública
Desafíos de la transportación pública
Por: Oswaldo Vélez Ortiz

Domingo 16 Diciembre 2018 | 04:00

El jueves 29 de noviembre del presente año, luego de varias horas de debate, la Asamblea Nacional devolvió al Ejecutivo la Proforma Presupuestaria 2019 con observaciones. Varias de éstas, corresponden principalmente a la reducción de las asignaciones al gasto en educación con respecto a la proforma presupuestaria 2018, y a la necesidad de desarrollar un plan de contingencia para el caso de que no se alcance la proyección de ingresos basada en un precio de 58,29 USD/b de crudo.

Entre los gastos descritos en la proforma presupuestaria se encuentran los correspondientes a los de bienes y servicios de consumo, los mismos que contemplan el financiamiento de la importación de combustible con una asignación de USD 4.176,47 millones o su equivalente al 11,57% con respecto al total de egresos programados.
¿Qué tan significativa es esta asignación en la proforma presupuestaria? Considerando únicamente el gasto correspondiente al derivado del Diésel 2 y Premium proyectado en alrededor de dos mil millones de dólares, su impacto es significativo debido a que en términos comparativos, este gasto corresponde al 49% promedio de la asignación programada para cubrir los costos asociados al sistema nacional de salud, así como también, al 47% aproximadamente de los egresos presupuestados para atender las necesidades de la educación inicial y bachillerato. Expresado de otra forma, el monto asignado a la compra de diésel importado es significativo tal, que su gasto equivaldría a aumentar la inversión estatal en los sectores de la salud y educación, en un 50%.
Bajo este panorama, y considerando que esta asignación podría incluso aumentar dependiendo del movimiento del precio WTI del crudo, considero imperativo para el Gobierno Central y la empresa privada evaluar alternativas, en especial de tipo tecnológicas, que permitan reducir la actual dependencia al uso de este derivado fósil manteniendo y/o aumentando los beneficios actualmente percibidos.
 
¿Cuáles serían estas alternativas? Únicamente considerando al sector de la  transportación pública por ser este el mayor usuario del diésel importado, reitero que el Gobierno Central en conjunto con el sector empresarial, podrían evaluar técnica y financieramente  la opción de iniciar un programa de migración de unidades de transporte público operadas con diésel, hacia unidades operadas con electricidad, con énfasis principalmente en acuerdos comerciales multilaterales, inversión pública-privada, beneficios tributarios, disponibilidad de créditos financieros, infraestructura eléctrica y estudio de costos por concepto de operación y mantenimiento implicados en la implementación de esta tecnología.
Adicionalmente, es recomendable compartir experiencias con países vecinos como el caso de Chile, Colombia y Panamá, quienes han iniciado previamente su ruta hacia la nueva era de buses eléctricos, acción que, para el caso del Ecuador, le permitiría al país ahorrar miles de millones de dólares y adicionalmente, aportar ampliamente con la conservación ambiental. En Ecuador existe un grupo empresarial que proyecta poner en operación un total de quince buses eléctricos en la ciudad Guayaquil en el año 2019. Es apremiante desarrollar proyectos orientados a la reducción de dependencia del diésel subsidiado.
 
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