Dentro del juicio contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narco Jorge Cifuentes reveló supuestos vínculos del cártel de Sinaloa en Ecuador. Y en este sentido, dio el nombre de un oficial del Ejército de Ecuador, quien, según esta versión, fue sobornado para que facilitara el transporte de la droga hacia Quito y Guayaquil.

En la movilización se utilizarían vehículos oficiales.

El militar fue detenido hace casi diez años y luego se lo retiró del servicio activo, pero lo que preocupa es que no sea el único caso de uniformados ecuatorianos involucrados en acciones ilegales.

Este mismo año se han presentado algunos, entre ellos una investigación abierta contra militares por el suministro de municiones al grupo disidente colombiano liderado por Walter Arízala, alias “Guacho”, y el apresamiento de un miembro de la escolta presidencial por un hecho asociado al narcotráfico.

El Ministerio de Defensa ha anunciado su disposición a perseguir y sancionar con severidad a los uniformados que aparezcan envueltos en actividades reñidas con la ley. Para esto es menester que también intervengan la Fiscalía y otras instituciones que tienen como responsabilidad la administración de justicia.

Es hora de que se arranque de raíz este mal, que va corroyendo el prestigio y la honorabilidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador.