Según las estadísticas publicadas en marzo del 2015 por el Ministerio de Educación,  Guayas tiene el mayor número de instituciones educativas con 4.230 planteles. Al mismo tiempo, con datos del 2017 se establece que es la  provincia con más alumnos, con 1’088.555, desde el Inicial hasta el Bachillerato.

Le sigue Manabí con 3.239 planteles y 413.621 estudiantes, según cifras de los periodos citados.

Pichincha, con 1.951 instituciones, está en tercer lugar en planteles, aunque en número de alumnos está sobre Manabí y debajo de Guayas al contar con 773.103 estudiantes.

Pero según el Plan Anual de Inversiones publicado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Pichincha es la provincia que más recursos recibió para educación en la última década. La inversión fue de 1.167’817.354,85 dólares. En Guayas se invirtieron 494’538.280 dólares; y en Manabí la inversión fue de $ 387’170.238,83 (ver cuadro).

Es decir, la inversión en Manabí fue 780’647.116 dólares menos que Pichincha y $ 107’386.042 menos que Guayas.

Al analizar las cifras del 2017 se establece que el Estado estaría invirtiendo $ 140,91 dólares por cada alumno de Manabí y 250,63 dólares por cada estudiante de Pichincha. Es decir, el año pasado, el Estado entregó 110 dólares menos por cada alumno de Manabí. En otras palabras, 44 por ciento menos que uno de Pichincha.

El valor de Manabí es mayor que el de Guayas, donde se dio 37,55 dólares por alumno el año anterior.

ANÁLISIS. El crecimiento económico y el aumento del gasto fueron una realidad durante los últimos años, esto ocurrió especialmente por el incremento del endeudamiento internacional y las regalías del petróleo derivadas de un alto precio internacional, dicen Leonardo Viteri, Vicente Abril y Guillermo Celi. 

En medio de esa “abundancia” muchas de las inversiones que se hicieron costaron más de lo que realmente debieron, recuerda el exasambleísta Leonardo Viteri. 

Críticas. Además, considera que en todos estos años no hubo antídoto contra la corrupción y menos un equilibrio en lo fiscal a la hora de repartir los recursos. En salud y educación es donde más se nota el centralismo, dice Viteri. La asistencia per cápita en Cojimíes es diferente a la de Quito o Guayaquil, y eso se replica a nivel del país, la provincia, los cantones y las parroquias, precisa.

La corrupción, dice el dirigente de izquierda Vicente Abril, “benefició” económicamente a personas del sector público y privado, especialmente funcionarios con poder de decisión, personas involucradas en la construcción, prestadores de servicios, consultores e intermediarios.

“El asunto de fondo es que los grupos económicos siguen dominando las decisiones y son los beneficiados de ellas más allá de si el presidente fue Correa o es Lenín Moreno... Hay un cambio de forma o de estilo, pero no de fondo”, dice.

El dirigente sostiene que el poder sigue en manos de los grandes empresarios, exportadores, la banca y por eso ellos son los beneficiarios económicos del sistema.

El asambleísta Guillermo Celi, por su parte, señala que persisten desigualdades a la hora de asignar los recursos.

Celi reconoce que algunos servicios públicos mejoraron temporalmente durante el boom financiero, pero indica que no fue posible sostenerlos porque las líneas maestras respondieron a un modelo equivocado. Así, agrega, se mantienen los desafíos de mejorar la cobertura, la provisión y el sostenimiento en el tiempo en términos de calidad y equidad. 

Pero no solo es la desigual distribución de los recursos, el lugar en que se determina esa distribución y  las fórmulas que se aplican para decidir sobre ellos, también son asuntos a analizar. 

Además,  hay instituciones en las que los funcionarios reconocen en baja voz que hasta para comprar papel higiénico tienen que pedir autorización a una oficina regional que está en otra provincia, o incluso existen quienes dicen que no pueden ni adquirir elementos básicos, porque las compras se hacen allá “donde están los negocios” y luego las envían.

Sobre esto, Celi asegura que hay que desconcentrar y cambiar la forma en que se toman las decisiones. 

Visión. El economista Boanerges Suárez cree que la centralización permite de una u otra manera la marginación y por ende afecta en la productividad y desigualdad de oportunidades. 

La asambleísta Tanlly Vera considera que para hacer la distribución de los recursos no se está considerando adecuadamente las necesidades de cada provincia.

“El actual Gobierno y el anterior mantienen una deuda gigantesca en Manabí, que ha sido burlada no solo una vez, sino por reiteradas ocasiones”, indica.

Vera menciona que en las zonas rurales se cerraron varias escuelas, a lo que el anterior Gobierno llamó “unificación”.

“El presidente (Lenín Moreno) en su campaña una de sus propuestas era la reapertura de estas escuelas que están generando un sinnúmero de inconvenientes a cientos de familias manabitas y ecuatorianas. Niños que tienen que caminar kilómetros con tal de educarse”, indica  Vera. 

Realidad. En las zonas rurales de Manabí aún hay necesidades e improvisaciones en el sistema educativo.

Por ejemplo, la casa donde vivió el conserje y la antigua casa comunal sirven como aulas de clases de la  unidad educativa Ernesto Velásquez Kuffó de la parroquia Barraganete del cantón Pichincha.

En este plantel no cuentan con laboratorio de computación por falta de espacio para instalar las máquinas.

Las seis aulas fueron construidas hace 39 años para que funcionara la escuela 26 de Septiembre. Hace tres años, el Ministerio de Educación (Mineduc) unificó a los dos planteles que comparten la misma infraestructura.

Las autoridades del plantel y padres de familia fueron los que adecuaron los predios para los casi 800 alumnos que estudian en las jornadas matutina, vespertina y nocturna.

Manolo Zambrano tiene a sus tres hijos estudiando en este plantel, y afirma que las condiciones en que reciben clases no son las adecuadas.

Refiere que en cada aula debe haber máximo 25 estudiantes, pero en este plantel existen hasta 46 alumnos en cada una.

“Hay días que hace demasiado sol. Créame que para nosotros es una desesperación tan grande porque no solo sufren nuestros hijos, sino nosotros como padres y los profesores”, expresa Zambrano indignado.

El predio educativo fue construido por autogestión de los padres de familia y docentes en 1979. El Gobierno del expresidente Rodrigo Borja (1988-1992) les donó materiales para construir otro bloque.

El anterior Gobierno dio un aula móvil a este plantel, que no cuenta con juegos infantiles y la única cancha de uso múltiple que tiene no está en las mejores condiciones.

Otros sectores. La escuela Eloy Alfaro, del sitio El Corozo de la parroquia Riochico de Portoviejo, fue creada en 1955 por gestión de los padres de familia. Nació como municipal en unos patios privados.

De acuerdo a los archivos, en 1979 se hizo fiscal y cuatro años después, la  entonces Dirección Nacional de Construcciones Escolares (DINACE) construyó los predios donde funciona.

La escuela cuenta con dos aulas y tres letrinas. En los juegos infantiles el óxido predomina, pues no ha llegado más inversión que el pintado de los predios.

Yamil Benavidez, director (e) de la escuela, se lamenta de que no se invierta en el cerramiento total pues, indica, eso es aprovechado para que personas ingresen a consumir sustancias prohibidas.

Unas estacas con alambres  forman el cerramiento en la parte trasera del predio, se asegura.

Dos profesores se encargan de impartir clases en esta escuela pluridocente que cuenta con 28 alumnos, desde el primero hasta el séptimo año de básica.

En el sitio Pepa de Huso, de Montecristi, una calle divide a la unidad educativa Sefora Eloy Alfaro, que en agosto pasado cumplió 83 años de funcionamiento.

Esta escuela se creó ante la necesidad de los habitantes, quienes inicialmente construyeron cuatro aulas hechas con caña guadúa.

La autogestión fue lo que permitió que la estructura fuera construida de hormigón por parte de fundaciones y empresas privadas, mientras que la prefectura construyó nuevas aulas hace 20 años al otro extremo de calle, señalan varios padres de familia.

Sin embargo, en la vía circulan los vehículos y los niños también la suelen ocupar como patio. Sí, la calle es el patio.

Modesto Cevallos, director de la escuela, dice que están a la espera de que se haga la remodelación de las aulas que están en mal estado, pues ya existe un presupuesto para aquello. ¿Y la calle? “Se la quiso hacer peatonal, pero no hubo un acuerdo”, indica Cevallos, quien es consciente de la falta de obras.

De acuerdo al plan de inversión de la Senplades, el año en que Manabí recibió más dinero proporcionalmente en educación fue el 2016, cuando se invirtieron 13’314.753 dólares en nuevas infraestructuras educativas. Ese año, la inversión total fue de casi 62 millones de dólares en proyectos de educación básica, sistema integral de tecnología, entre otras.

Se solicitó una entrevista con la Coordinadora Zonal de Educación, pero no se concretó.